Staling Martínez
En la historia reciente, San Juan de la Maguana, simboliza lucha, dignidad y resistencia. Pero hoy, más que nunca, ese saludo debe ampliarse, no olvidemos a Cotuí, donde el costo ambiental de la minería ya no es una advertencia, sino una realidad documentada.
La reciente decisión del presidente Luis Abinader, de detener el proyecto minero en la loma de Romero, impulsado por la empresa GoldQuest, en San Juan, marca un punto de inflexión en el debate nacional. La medida no surgió en el vacío, fue resultado de una amplia movilización social que alertó sobre los riesgos para fuentes hídricas vitales como la presa de Sabaneta. Miles de ciudadanos, desde profesionales hasta campesinos, expresaron su preocupación por el posible impacto ambiental.
El propio Gobierno había insistido en que el proyecto aún estaba en fase de evaluación ambiental y sin permiso de explotación, lo que evidenciaba que el conflicto no era técnico solamente, sino profundamente social y político.
Los estudios recientes sobre la Presa de Hatillo son alarmantes. Análisis fisicoquímicos han detectado niveles elevados de metales pesados como níquel, plomo y cromo, así como sustancias tóxicas que superan los límites permitidos para la vida acuática.
Otros informes señalan procesos de eutrofización y proliferación de cianobacterias, lo que explica la coloración verdosa del agua y el deterioro del ecosistema.
Las consecuencias no son teóricas, desaparición de peces, abandono de la pesca como sustento económico, afectaciones en la salud de los comunitarios y pérdida de biodiversidad.
Incluso investigaciones independientes advierten que estos contaminantes representan riesgos directos para la salud pública y el equilibrio ecológico.
Por eso, la decisión en San Juan no puede verse únicamente como un acto político coyuntural. Es, en el fondo, una respuesta a una lección ya aprendida o al menos sufrida en otra parte del país. La sociedad dominicana parece estar diciendo, no queremos repetir la historia.
El debate real no es “minería sí o no” en abstracto. Es si el Estado tiene la capacidad institucional, técnica y ética de garantizar que la explotación de recursos no destruya las bases mismas de la vida, el agua, la tierra y la salud de la gente. Y hasta ahora, los hechos en Cotuí generan más dudas que certezas.
“Salve San Juan, no olvidemos Cotuí”, deja de ser un simple recurso retórico. Es una advertencia. San Juan representa la resistencia preventiva; Cotuí, las consecuencias de no haber prevenido a tiempo.
Si algo revelan estos acontecimientos recientes es que la lucha ambiental en la República Dominicana, ya no es marginal. Es un eje central del debate nacional. Y en ese debate, el agua no el oro debería ser el verdadero recurso estratégico.
Porque al final, un país no se sostiene sobre lo que extrae del subsuelo, sino sobre lo que logra preservar en la superficie.
