Nassef Perdomo Cordero
Es una verdad que nadie discute que la vigencia de un Estado social y democrático de derecho depende en buena medida de sus jueces. No porque puedan sustituir el tejido democrático, sino porque cumplen el papel de purgar del sistema social y político las arbitrariedades que lo enferman. Los jueces son, por así decirlo, los guardianes de la democracia.
Esta es una labor ingrata, porque los obliga a tomar decisiones impopulares que afectan la opinión que de ellos tienen los demás. Y no sólo esa masa amorfa de desconocidos que llamamos “sociedad”, sino su familia, sus amigos, sus vecinos.
Su posición también los expone a presiones constantes de quienes tienen interés en el resultado de los casos que manejan. Esto es particularmente cierto en un contexto de populismo penal como el que vive la sociedad dominicana en este momento. A ello se suma la presión de una prensa y unas redes sociales que les exigen sangre, aunque se consiga injustamente. Pero el juez penal, en particular, recibe presiones que no vemos los demás y que suelen ser más intensas que las que sí podemos percibir.
Sin dejar de entender todo lo anterior, pienso que esas son precisamente las razones por las que los jueces son más fuertes cuando resisten esos embates. El juez atrae presiones porque es depositario de poder y confianza ciudadana. Quienes recurren a las sombras no lo hacen porque estas les resulten cómodas, sino porque les resultan necesarias. Suelen evitar volver allí donde les plantan cara y ensañarse con quienes perciben como débiles.
Ser juez es difícil y es ingrato. Pero, aun en democracia, el poder se ejerce o se pierde. Los jueces son los llamados a romper ese círculo vicioso, reivindicar el respeto a su investidura y hacer huir de ante sí a quienes temen el ejercicio independiente de su poder.
