Fredery Burgos Sánchez
Los denominados “intercambios de disparos” entre presuntos delincuentes y agentes de la Policía Nacional continúan siendo uno de los temas más preocupantes del debate sobre la seguridad ciudadana en República Dominicana.
La elevada cantidad de personas fallecidas en estos operativos ha llevado a diversos sectores a cuestionar si, en muchos casos, se trata de presuntas ejecuciones extrajudiciales, una práctica incompatible con un Estado social y democrático de derecho.
El uso de la fuerza por parte de la Policía debe estar sujeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la repetición de estos hechos ha debilitado la confianza ciudadana y ha fortalecido la percepción de un uso excesivo del poder policial. Combatir la delincuencia es una obligación del Estado, pero nunca puede hacerse al margen de la ley. La violencia no ha demostrado ser una solución efectiva. Cada vez que un presunto delincuente muere en un supuesto “intercambio de disparos”, otro ocupa su lugar, lo que evidencia que el problema tiene raíces sociales e institucionales mucho más profundas.
Según estas cifras citadas en este artículo provienen de informes y registros elaborados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), donde reflejan las distintas administraciones de la Policía Nacional registraron elevados niveles de letalidad en operativos.
Durante la gestión de Rafael Guillermo Guzmán Fermín se reportaron más de 1,260 muertes de presuntos delincuentes o civiles, con picos cercanos a 450 fallecidos en un solo año. En la administración de José Armando Polanco Gómez, iniciada en 2010, también se contabilizaron cientos de muertes vinculadas a operativos policiales, convirtiéndose en una de las jefaturas con mayor nivel de letalidad durante el primer gobierno de Danilo Medina.
La reforma policial no puede limitarse a un cambio de uniforme o de imagen institucional. La verdadera transformación exige fortalecer la profesionalización, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Una policía moderna no debe medirse por la cantidad de personas abatidas, sino por su capacidad para prevenir el delito, proteger a la ciudadanía y hacer cumplir la ley dentro del marco constitucional.
