La Redacción
Santo Domingo
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el internamiento, por un periodo de cinco años, en un centro psiquiátrico A John Raymond Durán Villar, quien penetró con una camioneta al Palacio Nacional y atropelló a dos miembros de la Guardia Presidencial, el 4 de febrero de 2024.
La decisión del tribunal, presidido por Keila Pérez Santana e integrado por Arisleida Méndez Batista y Francis Hernández Susaña, establece que el imputado deberá cumplir la medida durante cinco años en un centro psiquiátrico adscrito a Salud Pública, bajo la supervisión del Ministerio Público.
Los jueces determinaron que quedó acreditada la ocurrencia de los hechos y la participación de Durán Villar, conforme a las disposiciones de los artículos 2, 295, 304 y 435 del Código Penal dominicano.
Los hechos
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el suceso ocurrió alrededor de las 11:50 de la noche del 4 de febrero de 2024, cuando Durán Villar llegó en una camioneta Chevrolet Colorado, color gris, a la entrada del Palacio Nacional ubicada en la avenida México.
Ambos fueron impactados y cayeron al pavimento, mientras el conductor continuó su recorrido, derribó otras barreras y puertas de seguridad hasta llegar al estacionamiento reservado al presidente de la República, donde terminó su marcha tras impactar otro vehículo.
Los militares resultaron con lesiones de gravedad. Westel Jiménez Hernández sufrió un trauma craneoencefálico, fracturas y hemorragia subaracnoidea postraumática, por lo que tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos y sometido a una intervención quirúrgica.
La condición psiquiátrica del imputado
Durante el proceso, la defensa sostuvo que Durán Villar atravesaba un episodio psicótico cuando ocurrieron los hechos y presentó evaluaciones e informes psiquiátricos para sustentar sus argumentos.
Sin embargo, las juezas precisaron que esa condición no lo eximía de responsabilidad por los hechos ocurridos, cuya materialidad y participación fueron acreditadas mediante las pruebas testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales presentadas durante el juicio.
La sentencia explica que, aunque no procede la imposición de una pena ordinaria, corresponde aplicar una medida de seguridad para garantizar la atención médica que requiere el imputado y proteger a terceros.
También dispuso que durante el cumplimiento de la medida deberá someterse a evaluaciones periódicas por las autoridades competentes, de manera que su permanencia dependa de que subsistan las condiciones que justificaron el internamiento.
La decisión establece que su esposa, María Estela Cruz de Durán, designada como representante legal, deberá estar pendiente de que reciba el tratamiento correspondiente.
La sentencia dispone, además, su notificación al juez de Ejecución de la Pena correspondiente.
