La Redacción
Santo Domingo
El jurista Miguel Valerio se mostró a favor de que se apliquen exclusivamente penas económicas a quienes incurran en difamación e injuria por primera vez, una medida que busca evitar la criminalización y proteger el debate público, aunque advirtió firmemente sobre la necesidad de endurecer las sanciones con prisión en casos de reincidencia.
Valerio coincidió con el espíritu de la propuesta de reforma que sustituye la privación de libertad por multas para los infractores primarios, considerando que la sanción pecuniaria es adecuada en un primer escenario. Sin embargo, lanzó una fuerte alerta sobre los difamadores habituales.
“Una persona que de manera constante difame a otra y solamente se le imponga una multa, evidentemente recibe un incentivo a que siga difamando”, advirtió el abogado, calificando como insuficiente que los rangos actuales (entre 9 y 15 salarios mínimos) pretendan frenar a quienes hacen de la difamación una práctica continua.
Por otro lado, Valerio expresó su profunda preocupación ante las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo en lo relativo al hostigamiento. Calificó como «cosméticos» y «de forma» el haber eliminado la palabra bullying para sustituirla por el término en español «hostigamiento», ya que en la práctica la conducta «queda igual».
Lo verdaderamente grave, según el experto, es la reducción de las sanciones penales para este delito en la nueva propuesta, en comparación con el código actual.
Para el jurista, disminuir las penalidades en un contexto de alta vulnerabilidad social envía una señal errónea sobre la gravedad de este flagelo.
En el ámbito penal de la protección familiar, Valerio defendió firmemente la corriente legal que establece que el plazo para la prescripción de los delitos de abuso sexual e incesto contra menores no debe correr en el momento del hecho, sino a partir de que la víctima alcanza la mayoría de edad.
Esta medida garantiza que la víctima, al adquirir madurez e independencia psicológica, pueda denunciar a sus agresores sin temor a que el tiempo extinga la acción de la justicia.
Rodríguez Huerta pide frenar la prisa en el Congreso
A las observaciones de Valerio se sumó la posición del jurista y constitucionalista Olivo Rodríguez Huerta, quien solicitó formalmente al Congreso Nacional posponer la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, sugiriendo una extensión de tres a seis meses en la vacatio legis para permitir un análisis profundo.
