Antonio Ciriaco Cruz
República Dominicana está avanzando con fuerza hacia una matriz energética más limpia. Entre 2024 y 2026, la generación renovable creció 27.3 %, aportando prácticamente toda la nueva electricidad incorporada al sistema. Hoy estas fuentes representan 16.5 % de la matriz, frente al 13.4 % de hace apenas dos años.
Sin embargo, este progreso convive con una paradoja difícil de justificar: una parte importante de la energía renovable disponible no se utiliza.
La legislación dominicana es clara. La Ley 57-07, la Ley General de Electricidad y el Decreto 65-23 establecen que las renovables tienen prioridad de inyección y que el despacho debe privilegiar la generación de menor costo. Como estas tecnologías no requieren combustible, su costo variable es prácticamente cero. Aun así, entre enero y mayo de 2026 se dejaron de inyectar 319.5 GWh, equivalentes al 17 % del potencial disponible. Esa energía habría abastecido Santo Domingo durante 21 días o mantenido operando el Metro por dos años y medio.
Aprovechar plenamente la energía limpia disponible reduciría el costo promedio de generación y fortalecería la eficiencia del sistema.
También está en juego la confianza de los inversionistas. En 2025, el sector energético captó US$1,197 millones de dólares en inversión extranjera directa. Además, existen RD$14,800 millones de pesos en inversiones de fondos de pensiones y RD$56,000 millones de pesos en créditos bancarios vinculados a proyectos renovables.
El país no necesita nuevas leyes: necesita cumplir las existentes. Usar toda la energía renovable disponible significa menores costos, mayor confianza y una transición energética más ordenada y sostenible.
