Tomás Guzmán Hernández
Karl Marx, en su obra Salario, precio y ganancia, presentada en 1865 ante la Asociación Internacional de los Trabajadores y publicada posteriormente, explicó que el salario no debe medirse únicamente por la cantidad de dinero que recibe un trabajador, sino por el volumen de bienes y servicios que ese ingreso puede adquirir. En otras palabras, el bienestar de los trabajadores depende de su capacidad efectiva de compra y no del simple incremento nominal de sus remuneraciones. Una economía puede registrar aumentos salariales y, al mismo tiempo, deteriorar el nivel de vida de la población si los precios crecen con mayor rapidez que los ingresos.
Los economistas distinguimos claramente la diferencia entre salario nominal y salario real. El primero representa la cantidad de dinero que recibe el trabajador; el segundo refleja el verdadero poder adquisitivo de ese ingreso. Cuando los incrementos salariales son absorbidos por la inflación, el trabajador termina comprando menos con un salario aparentemente mayor. Es la conocida carrera entre salarios y precios, fenómeno que termina castigando especialmente a los hogares de menores ingresos, cuya capacidad de ahorro es prácticamente inexistente.
Por ello, los responsables de formular la política económica deben comprender que el objetivo principal no consiste únicamente en decretar aumentos salariales, sino en preservar el poder adquisitivo de esos ingresos mediante una inflación baja y estable, acompañada por un crecimiento sostenido de la producción y la productividad. El verdadero progreso de los trabajadores se alcanza cuando la economía produce más bienes y servicios, aumenta la inversión y genera empleos de mayor calidad, permitiendo que los salarios reales crezcan de manera sostenible y no como resultado de decisiones administrativas de corto plazo.
A nivel macroeconómico ocurre un fenómeno similar. El acelerado crecimiento de la deuda pública y de la deuda externa en numerosas economías en desarrollo genera una preocupación cada vez mayor. Países altamente dependientes de las importaciones de alimentos, combustibles y materias primas —como la República Dominicana— son particularmente vulnerables a las fluctuaciones de los mercados internacionales, al fortalecimiento del dólar y a los incrementos de las tasas de interés internacionales.
Cuando el endeudamiento crece más rápido que la capacidad de generar ingresos fiscales y divisas, la inversión pública comienza a resentirse. Los gobiernos deben destinar una proporción creciente de sus presupuestos al pago del servicio de la deuda, limitando los recursos disponibles para infraestructura, educación, salud, innovación y programas sociales. En consecuencia, disminuye el potencial de crecimiento económico y se debilita la capacidad del Estado para combatir la pobreza y reducir las desigualdades.
En este contexto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de diseñar nuevos mecanismos de reestructuración de la deuda soberana que permitan preservar la estabilidad financiera sin sacrificar el desarrollo humano. Las experiencias acumuladas durante las últimas décadas demuestran que los procesos de alivio de deuda pueden convertirse en instrumentos efectivos para recuperar la capacidad de crecimiento de las economías altamente endeudadas.
Un precedente importante fue la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME), lanzada en 1996 por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, complementada posteriormente con la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (MDRI) en 2005. Estos programas permitieron reducir significativamente la carga financiera de numerosos países de bajos ingresos, liberando recursos para inversión social, infraestructura, educación y salud.
El alivio de la deuda también impulsó importantes reformas institucionales. Muchos ministerios de Hacienda modernizaron sus sistemas de administración mediante registros electrónicos, fortalecieron las unidades de análisis de sostenibilidad de la deuda y desarrollaron estrategias para ampliar los mercados domésticos de deuda pública. Estas reformas mejoraron la transparencia y la capacidad técnica de los gobiernos para administrar sus obligaciones financieras.
No obstante, los desafíos persisten. En numerosos países la baja presión tributaria, la evasión fiscal, las exenciones excesivas y la elevada informalidad continúan limitando la capacidad del Estado para reducir el endeudamiento de forma sostenible. Cuando los ingresos fiscales resultan insuficientes, los gobiernos terminan recurriendo nuevamente al endeudamiento o aplicando recortes presupuestarios que ralentizan el crecimiento económico y afectan la calidad de los servicios públicos.
A esta realidad se suma la acelerada transformación digital de la economía mundial. La digitalización ha generado enormes oportunidades para aumentar la productividad y reducir costos de transacción, pero también ha creado nuevos desafíos para las administraciones tributarias. Las plataformas digitales, el comercio electrónico y los modelos de negocio basados en datos dificultan la aplicación de los sistemas tributarios tradicionales, diseñados para economías donde la producción física predominaba sobre los activos intangibles.
Al mismo tiempo, la expansión de la economía digital incrementa los riesgos relacionados con la ciberseguridad, el fraude electrónico y la protección de datos personales. Los ataques informáticos contra instituciones públicas y privadas evidencian la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y los mecanismos de supervisión para proteger tanto los recursos públicos como la confianza de los ciudadanos.
La irrupción de la inteligencia artificial y la automatización representa otro desafío de enormes proporciones. Si bien estas tecnologías prometen elevar considerablemente la productividad y acelerar el crecimiento económico, también podrían sustituir millones de empleos rutinarios, ampliar las brechas de ingresos y concentrar aún más la riqueza en sectores altamente intensivos en capital y tecnología. De ahí que muchos especialistas planteen la necesidad de adaptar los sistemas tributarios para gravar de manera más eficiente las rentas del capital, las ganancias extraordinarias derivadas de la automatización y las grandes plataformas digitales.
En este debate también ha cobrado fuerza la propuesta de la Renta Básica Universal (RBU), entendida como un ingreso periódico otorgado por el Estado a todos los ciudadanos de manera universal e incondicional. Sus defensores sostienen que podría convertirse en un mecanismo para proteger a la población frente a la transformación del mercado laboral provocada por la inteligencia artificial, mientras que sus críticos advierten sobre sus elevados costos fiscales y los incentivos que podría generar sobre la participación laboral. En cualquier caso, el debate continuará intensificándose conforme avancen las tecnologías disruptivas.
La revolución digital está redefiniendo simultáneamente los mercados, las empresas y los gobiernos. La velocidad de la innovación tecnológica supera con frecuencia la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, obligándolas a modernizar continuamente sus marcos regulatorios, sus sistemas tributarios y sus políticas de protección social.
Para aprovechar plenamente los beneficios de esta nueva revolución tecnológica, los países deben colocar el desarrollo del capital humano en el centro de sus estrategias nacionales. La inversión en educación de calidad, formación técnica, competencias digitales, investigación científica e innovación será el principal factor diferenciador entre las economías que prosperarán y aquellas que quedarán rezagadas. Solo mediante una fuerza laboral altamente capacitada será posible elevar la productividad, fortalecer la competitividad internacional, mejorar los salarios reales y romper definitivamente el ciclo de pobreza y deuda que todavía limita el desarrollo de millones de personas.
