Omar Fernández
Hace apenas unos días comentaba una noticia que debería haber provocado una profunda reflexión nacional: de siete personas condenadas por tráfico ilícito de migrantes haitianos, cinco no cumplirían prisión. Más allá del caso concreto, que ya es alarmante, lo verdaderamente preocupante era que quienes participan en las redes que facilitan la inmigración ilegal continúan percibiendo que el costo de violar la ley sigue siendo demasiado bajo.
Ese caso me llevó a insistir en algunas ideas que he planteado en distintas ocasiones: la creación de un centro de detención de ilegales en la frontera, concebido como una instalación de procesamiento temporal y ágil para facilitar la identificación y la rápida repatriación de quienes se encuentren en condición migratoria irregular; y que todo funcionario público condenado por participar en el tráfico ilícito de migrantes, una vez cumplida su pena de prisión, quede inhabilitado permanentemente para ejercer cargos públicos. Del mismo modo, cualquier miembro de los organismos de seguridad involucrado en estas redes debe ser procesado, cumplir su condena y ser desvinculado definitivamente de la institución a la que pertenezca. Porque un Estado serio debe enviar un mensaje inequívoco de ley y orden.
Apenas un día después, las imágenes de Ceuta y la entrada masiva de migrantes hacia España volvieron a poner sobre la mesa una realidad que ningún Estado puede ignorar: en cuestión de horas, una frontera puede convertirse en el principal desafío para la seguridad y la capacidad de respuesta de un país.
España y la República Dominicana son países distintos. Marruecos y Haití también lo son. Precisamente por eso no corresponden las comparaciones simplistas. Pero las lecciones que dejan las crisis fronterizas sí son universales. Basta recordar que compartimos isla con Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, inmerso desde hace años en una profunda crisis política, institucional y de seguridad. Esa realidad geográfica nos obliga a prepararnos con un nivel de seriedad aún mayor.
Y esa preparación comienza haciéndonos las preguntas correctas. ¿Está realmente preparada la República Dominicana para enfrentar un escenario de presión migratoria extraordinaria? ¿Ha diseñado el Estado planes de contingencia para responder a una situación de esa magnitud? ¿Se han realizado simulaciones que permitan evaluar nuestra capacidad de respuesta? ¿Contamos con el personal, la tecnología y la logística necesarios para mantener el control de la frontera bajo una presión excepcional?
Nuestros soldados merecen reconocimiento por la labor que desempeñan diariamente en la frontera. Pero su compromiso no sustituye la planificación, la inteligencia, el equipamiento ni la coordinación institucional que sólo el Estado puede garantizar.
La República Dominicana tiene una sola frontera terrestre. Su protección no puede depender de la improvisación, exige anticipación, planificación y capacidad de respuesta.
El autor es abogado y senador de la República
