Manuel Jiménez V.
La comunidad internacional continúa presenciando, entre el asombro, los discursos repetidos y una indiferencia en muchos casos disimulada, otra de las masacres que periódicamente cometen las bandas armadas en Haití.
Esta vez el escenario fue Kenscoff, una comunidad agrícola situada en las montañas que dominan Puerto Príncipe, donde al menos 47 personas fueron asesinadas, 22 resultaron heridas y más de 50 fueron secuestradas.
El ataque fue atribuido a hombres armados vinculados a la coalición criminal Viv Ansanm, bajo el mando local de un cabecilla conocido como “Izo 2”. Entre las víctimas mortales figuran cinco niños, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Veintidós personas habrían sido ejecutadas dentro del recinto de una iglesia donde buscaron refugio, mientras al menos 25 viviendas fueron incendiadas.
Los principales medios internacionales han difundido relatos e imágenes estremecedoras: madres llorando a sus hijos, esposas y familiares recorriendo las calles en busca de desaparecidos y sobrevivientes implorando ayuda a unas autoridades que parecen haber perdido la capacidad de protegerlos. Un agricultor contó que perdió a 14 familiares durante el ataque.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en septiembre de 2025 la creación de una Fuerza de Supresión de Pandillas, concebida para alcanzar unos 5,500 integrantes y sustituir a la fracasada misión multinacional encabezada por Kenia.
Los primeros contingentes de la nueva fuerza comenzaron a llegar en abril de este año. Sin embargo, el despliegue continúa muy por debajo de lo prometido. Las estimaciones disponibles indican que apenas se ha logrado reunir alrededor de 2,000 efectivos, sin los equipos, la movilidad ni la capacidad territorial requeridos para enfrentar organizaciones criminales fuertemente armadas.
A ese cuadro se suma la decisión de Estados Unidos de poner fin al Estatus de Protección Temporal que amparaba a unos 350,000 haitianos. Un primer vuelo con más de 160 deportados llegó recientemente a Cabo Haitiano, porque las condiciones de violencia impidieron utilizar el aeropuerto de Puerto Príncipe.
Esas deportaciones representan una presión social adicional para un país sin instituciones capaces de recibir e integrar a miles de retornados. Muchos de ellos carecen de vivienda, empleo, familiares cercanos o vínculos recientes con Haití. Algunos recibieron una pequeña ayuda económica y alimentos antes de quedar abandonados a su suerte.
Haití ha demostrado que no puede superar esta crisis por sí solo. Pero también resulta evidente que la comunidad internacional no parece verdaderamente comprometida ni dispuesta a enfrentarla con la firmeza, los recursos y la continuidad que exige. Para República Dominicana, esta realidad no constituye un problema lejano. Compartimos la isla con un país inseguro, inestable y sometido a organizaciones criminales que han demostrado su capacidad para expandirse. La defensa de nuestra frontera, el control migratorio y la vigilancia del tráfico de armas deben mantenerse como asuntos prioritarios de seguridad naciona
