Carlos Salcedo
La fascinación contemporánea por modelos de mano dura –con El Salvador de Nayib Bukele como epicentro de un debate global– pone a prueba la solidez democrática de América Latina. No se puede negar la realidad: El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del planeta, rehén de estructuras criminales transnacionales que asfixiaban la vida comunitaria y económica, a exhibir índices de seguridad ciudadana que asombran por su efectividad inmediata. Sin embargo, el peligro dogmático y político comienza cuando el éxito de una política pública se utiliza para justificar la demolición metódica del Estado constitucional de derecho.
La estrategia salvadoreña no consistió únicamente en combatir el delito, sino en neutralizar los contrapesos institucionales: destitución exprés de magistrados de la Corte Suprema, control absoluto del Ministerio Público, suspensión indefinida de garantías fundamentales mediante regímenes de excepción prorrogados y una reforma constitucional a la medida para garantizar la reelección indefinida. Ante esto, cabe la pregunta cardinal de la filosofía política: si un solo hombre y para siempre encarna la salvación y la respuesta a todos los males, ¿dónde queda el cuerpo social, la ciudadanía deliberativa y la arquitectura institucional?
Del mesianismo histórico a la trampa de las tiranías electivas
Este fenómeno reedita la máxima atribuida a Luis XIV, conocido como el Rey Sol, “El Estado soy yo”, pero ahora bajo nuevos ropajes comunicacionales. Las autocracias modernas ya no necesitan obligatoriamente de cuarteles golpistamente abiertos; operan desde adentro, vaciando de contenido la democracia representativa con el beneplácito de muchedumbres cansadas del fracaso de la política tradicional. En la memoria histórica dominicana resuena con nitidez este libreto: Rafael Leónidas Trujillo fue ungido inicialmente como el pacificador necesario, el ordenador de la nación caótica, el “Padre de la Patria Nueva” y el “Benefactor”, títulos que disfrutaron de un aplauso público fervoroso y masivo mientras se desvanecían sistemáticamente las libertades públicas y se consolidaba el terror institucional. Así han actuado históricamente todos los dictadores: canjean derechos por seguridad temporal, entregando el destino de una sociedad a la voluntad mesiánica de un individuo.
Renunciar al Estado constitucional bajo la premisa de que el fin justifica los medios institucionales es un error trágico. La seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción son metas imperativas de todo Estado democrático, pero nunca pueden constituirse en coartadas para instaurar dictaduras electivas. Cuando se sustituyen las instituciones por la voluntad de un salvador permanente, la sociedad deja de estar compuesta por ciudadanos libres con derechos inalienables para convertirse en súbditos agradecidos de su propio cautiverio. La democracia constitucional no es un obstáculo para la paz social; es la única garantía civilizada de que la salvación del presente no devenga en la tiranía del mañana.
¿Hasta qué punto la desesperación social ante la inseguridad seguirá impulsando a los pueblos latinoamericanos a sacrificar la democracia liberal a cambio de resultados punitivos inmediatos?
