Khiara Henríquez
Frente a la comisión de fraudes inmobiliarios la normativa contempla sanciones penales e indemnizaciones civiles para los infractores. De manera que, si la parte interesada en adquirir un inmueble ha sido víctima de un fraude de este tipo dispone de las vías judiciales que establece la ley para que sea sancionado el infractor.
En el marco sancionador legal, los fraudes inmobiliarios son susceptibles de sanciones penales. Al efecto, el Código Penal dominicano instituido por la Ley núm. 74-25, de fecha 3 de agosto de 2025, modificada por la Ley núm. 44-26, de fecha 27 de julio del 2026, tipifica la estafa inmobiliaria como una forma agravada de estafa. Conforme su artículo 238, cuando la estafa recae sobre un bien inmueble “será sancionada de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”. De igual manera, la reciente modificación al Código Penal incorpora los casos de estafa en el marco de disposición de un bien propio o ajeno careciendo del derecho o facultad para disponer de él y cuando se venda o prometa en venta inmuebles en planos.
A esto se suman otras figuras delictivas que suelen concurrir en este tipo de casos. La suplantación de identidad, regulada en los artículos 188 y 189 del Código Penal dominicano, sanciona a quienes se hacen pasar por los verdaderos titulares del derecho de propiedad. Asimismo, la falsificación de documentos -común en operaciones fraudulentas- es castigada por el artículo 350 con penas de “dos a tres años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos”, y en caso de ser agravado, el artículo 351 de dicha normativa, indica que será sancionado, con “diez a veinte años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público”.
En esas atenciones, desde la vía penal, las víctimas de fraudes inmobiliarios pueden actuar como querellantes por estafa, robo de identidad y falsificación de documentos. De igual manera, también pueden constituirse en actor civil, a fin de obtener indemnizaciones pecuniarias por los daños sufridos.
Otra vía judicial que tiene el afectado, es ante la jurisdicción civil, en la que puede demandar en daños y perjuicios, pues aplica el artículo 1382 del Código Civil dominicano que establece: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo”.
Desde el ámbito del Derecho Inmobiliario, cuando el fraude impacta directamente el derecho de propiedad, la víctima puede optar por demandar ante el tribunal de tierras competente, una litis sobre derechos registrados en materia de nulidad de los actos de ventas convenidas o de los certificados de títulos emitidos sobre la base de maniobras fraudulentas, así como demandar la reivindicación del inmueble. Durante el proceso, la parte demandante puede solicitar medidas cautelares como la anotación de una oposición a transferencia, para evitar que se disponga del bien, según la naturaleza del caso.
Sin perjuicio de lo anterior, el éxito de esas acciones depende en gran medida de que la víctima aporte pruebas fehacientes que evidencien la maniobra fraudulenta y la mala fe del infractor.
Según el jurista Eduardo Caicedo Escobar, en su obra Derecho Inmobiliario Registral. Registro de la Propiedad y Seguridad Jurídica (Bogotá, 1997): “El adquiriente de un inmueble está seguro cuando constata que nadie perturbará su derecho por motivos anteriores a su adquisición, debe tener la certeza que el que transfiere es el verdadero dueño y puede transferir el bien. Sin estas condiciones el tráfico es inseguro y la circulación de la riqueza lenta y difícil”.
En definitiva, el adquiriente de un inmueble debe tener seguridad jurídica en sus transacciones inmobiliarias, dentro de un sistema que le proporcione las tutelas adecuadas para ello y que disponga de vías y sanciones que castiguen a los infractores de fraudes inmobiliarios.
Más allá de endurecer al régimen sancionador, el verdadero desafío radica en continuar fortaleciendo el sistema inmobiliario de la República Dominicana a través de acciones coordinadas que involucren a todos los sectores que lo integran -Estado, Registro Inmobiliario, constructores, agentes inmobiliarios, entidades financieras y profesionales del derecho- orientadas a la transparencia, a la fiscalización efectiva, a una óptima implementación de debida diligencia previa, a la capacitación continua y a la educación ciudadana, a fin de garantizar un desarrollo inmobiliario ordenado, confiable y sostenible.






