Rafael Díaz Filpo
Haber transitado los pasillos del Congreso Nacional como legislador y haber integrado posteriormente el pleno fundacional de nuestro Tribunal Constitucional otorga una perspectiva inequívoca sobre la fragilidad institucional de la República Dominicana, permitiéndome afirmar sin titubeos que la decisión parlamentaria de transferir la conmemoración del 6 de noviembre para fomentar un feriado de esparcimiento constituye un despropósito cívico de magnitudes imperdonables que mutila la dignidad del pacto político originario.
Resulta un contrasentido inadmisible que en un país donde las cámaras congresuales han modificado el texto supremo en 40 ocasiones, acomodando casi siempre las reglas fundamentales a la coyuntura del gobernante de turno, el propio Estado degrade el día del nacimiento de la Ley Fundamental a una fecha mudable y transable por razones de conveniencia turística o simple pereza social.
Pretender inculcar respeto a la Carta Magna en las aulas y en las instituciones públicas mientras los poderes del Estado la convierten en un pretexto para el ocio prolongado es una hipocresía democrática que socava la soberanía popular, desconociendo que la independencia no existe sin el imperio del derecho y que el día de la Constitución es, en su sustancia más pura e irrenunciable, el verdadero día de la libertad de todos los dominicanos.
El Congreso Nacional tiene la obligación moral y política de enmendar de inmediato esa ley lesiva declarando la estricta inamovilidad del 6 de noviembre, caiga en el día que caiga de la semana, para que el pueblo dominicano lo consagre de una vez por todas como un día innegociable de tributo a su pacto supremo, porque el respeto efectivo a la Ley de leyes empieza por algo tan elemental como no negociar jamás el día de su nacimiento.
