Luis García
Santo Domingo
Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) denunció una reducción de RD$2,000 millones del gasto educativo asignado en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2026.
«Quien observe únicamente el monto global podría concluir que no existe reducción. Sin embargo, al examinar su clasificación económica, RD$2,000 millones dejan de estar disponibles como gasto educativo efectivo», explicó Yahaira Sosa Machado, directora ejecutiva de esa entidad.
Indicó que las aplicaciones financieras se vinculan a amortización de pasivos, redención de títulos y otras operaciones, no a la producción directa de servicios.
INCUMPLIMIENTO DEL 4%
Recordó que el artículo 197 de la Ley 66-97 establece que el gasto anual en educación debe ser al menos 16% del gasto público total o 4% del PIB estimado, el valor que resulte mayor.
«La reclasificación propuesta no contribuye a cerrar la brecha respecto al financiamiento legal, sino que disminuye todavía más el gasto efectivo disponible», apuntó.
PROPUESTA
«Después de más de una década de aplicación del 4%, el país no solo debe preguntarse cuánto asigna a la educación, sino cuánto aprendizaje, equidad y movilidad social obtiene de cada peso invertido. La respuesta a una gestión que debe mejorar no puede ser retirar recursos del aula, sino transformar la manera en que se planifican, ejecutan y evalúan», agregó Sosa Machado.
Consideró viable condicionar futuras decisiones presupuestarias a un plan verificable de reforma con metas, indicadores, responsabilidades y rendición de cuentas periódica, que proteja las partidas de mayor valor pedagógico: materiales educativos, acompañamiento docente, evaluación, innovación, mantenimiento de centros y apoyos directos al aprendizaje.
«El dilema no debe plantearse entre asignar recursos o exigir resultados. El país necesita ambas cosas: preservar la inversión educativa y garantizar que cada peso se traduzca en mejores aprendizajes», concluyó.
