Carlos Salcedo
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, Ley 74-25, modificado por la Ley 44-26, la empresa dejó de ser solo la víctima o el instrumento del delito y pasó a ser imputada. La novedad trajo una pregunta que está en manos del Tribunal Constitucional: cuando una empresa acusada no tiene abogado, ¿debe representarla la Defensa Pública? Esta sostiene que no, porque la Constitución no le dio ese mandato. Los tribunales y la Suprema Corte de Justicia han dicho lo contrario.
Hay que separar dos preguntas. La primera es si el Estado debe garantizar que ninguna empresa sea juzgada sin abogado. La respuesta es sí. El artículo 69.4 de la Constitución reconoce el derecho de defensa a toda persona, y ese derecho, por su naturaleza, corresponde también a las personas jurídicas. La segunda pregunta es quién paga esa defensa. Y ahí la respuesta cambia.
En cuanto al acceso, el artículo 176 manda a la Defensa Pública asistir a “las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado”. No dice personas físicas. Las sociedades comerciales y las empresas individuales de responsabilidad limitada son personas jurídicas conforme a la Ley 479-08; cuando se las acusa, son personas imputadas. El artículo 177 confirma esa lectura: cuando el constituyente quiso condicionar la asistencia a la falta de recursos, lo dijo expresamente. En el 176 no lo hizo. Basta ser imputado y no tener abogado.
Esto importa en los dos sentidos. Hay pequeñas, medianas y aun grandes empresas en situación económica vulnerable. Además, muchas de las investigadas por lavado o corrupción tienen sus bienes incautados: son solventes en papel, pero no pueden pagar. A ellas la Defensa Pública debe asistirlas sin costo. A la empresa solvente, en cambio, debe asistirla solo de forma subsidiaria y cobrándole.
El impacto sobre una institución que ya lleva cerca del 80 % de los casos penales sería serio. Un expediente de lavado o de corrupción tiene miles de folios, peritajes financieros y sociedades en varias jurisdicciones. Un solo caso puede absorber el tiempo que un defensor dedica a decenas de presos pobres. Empresa y gerentes suelen tener intereses opuestos, y los artículos 40 y 41 de la Ley 277-04 prohíben la defensa común, lo que obliga a asignar defensores distintos. Pero nada de esto suprime el derecho. Los derechos cuestan, y la escasez obliga al Estado a organizarlos y financiarlos, no a negarlos.
La salida tiene dos tiempos. Con la ley vigente, el Consejo Nacional de la Defensa Pública puede dictar el reglamento de tasas pendiente desde 2004. También puede canalizar estos casos hacia los defensores adscritos de los artículos 43 al 46, con honorarios a cargo de la empresa solvente. Con una reforma, siguiendo a Chile y España, el Código Procesal Penal debe obligar a la empresa a designar representante y abogado desde el primer acto, y prever un defensor público o de oficio pagado con sus bienes cuando nadie comparezca.
Al Tribunal Constitucional le toca más que un sí o un no. Y al país, no perder de vista para quiénes nació la Defensa Pública. Sería una paradoja que el Estado pagara la defensa de empresas solventes mientras los pobres, y las víctimas en las que el artículo 177 pone el acento, siguen esperando.
