La Redacción
Santo Domingo
La Cámara de Diputados declaró de urgencia y convirtió en ley este viernes el proyecto que modifica la Ley 99-25 del Presupuesto General del Estado para el ejercicio Presupuestario del año 2026, para añadir casi 41,000 millones de pesos, a solicitud del Poder Ejecutivo.
El referido proyecto, aprobado ante por el Senado, introduce modificaciones a las estimaciones de ingresos, al total de erogaciones, al financiamiento y a determinadas autorizaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2026, en atención a la evolución de las condiciones macroeconómicas observadas durante el primer semestre del año, dijo la cámara baja en una nota.
La iniciativa legislativa autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, a realizar los ajustes que sean necesarios para el cierre del ejercicio presupuestario del año 2026, entre balances de apropiaciones de los capítulos y fuentes financieras para reflejar su ejecución real sin alterar el techo de las apropiaciones de gastos aprobadas por el Congreso Nacional mediante la Ley 99-25 y la presente Ley que la modifica.
INCREMENTO DE LOS INGRESOS
Al edificar al pleno sobre el proyecto, el presidente de la comisión permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, Francisco Paulino, explicó que la reformulación presupuestaria se debe al incremento de los ingresos en 40,978,300,000 pesos y que de ese incremento de los ingresos se hace una distribución por instituciones, cuya principal partida va para los subsidios sociales.
“Es importante saber que producto del incremento del precio de los combustibles a nivel internacional ha habido un incremento del gasto en la República Dominicana y es necesario cubrir el déficit que ha ocasionado el aumento de los combustibles, por eso es sumamente necesario este presupuesto complementario”, explicó Paulino.
En la solicitud que el Poder Ejecutivo realizó al Congreso Nacional, explicó que las modificaciones propuestas preservan la sostenibilidad de las finanzas públicas, fortalecen la capacidad de ejecución de la inversión estatal y permiten adecuar el presupuesto a las necesidades reales del presente ejercicio fiscal, garantizando una asignación más eficiente de los recursos públicos en consonancia con los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal.
