Edward Moya
El principio de legalidad constituye uno de los elementos más importantes de la construcción del Estado de Derecho, especialmente para el mantenimiento y la sostenibilidad de la convivencia pacífica y democrática de un Estado; a pesar de los esfuerzos llevados a cabo tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional como último eslabón de la cadena de la división de los poderes del Estado; los jueces en su rol social, cumplen con corregir la conducta de una sociedad, a través de acciones correctivas, vía sentencias, como mecanismo punitivo del Estado.
En nuestra amada República Dominicana, de manera cultural se ha sostenido en el tiempo, el criterio conductual de que las reparaciones sociales se lleven a cabo a través de las decisiones civiles, penales y constitucionales como consecuencia de una sentencia condenatoria, punitiva, de resarcimiento o restauración de derechos fundamentales
constitucionales, obviando el papel que tiene la sociedad y el gobierno de turno para corregir estas acciones.
Resulta contrario y hasta cierto punto inconcebible, que durante décadas el Poder Ejecutivo y los poderes facticos de este país no consideran ni analizan hacia donde va nuestro país, cuestión sumamente preocupante; para muchos ciudadanos que piensan en el futuro y el porvenir de República Dominicana, entienden que a nuestro país le queda
poco tiempo de paz y de sostenibilidad democrática, de seguir la incredulidad y destrucción de los sistemas de partidos, columna vertebral del contrato social como bien lo estableció Jean-Jacques Rousseau.
Da la impresión, de que la falta de educación y valores han penetrado tan profundamente a la administración pública, que hoy en día el Principio de Legalidad y Estado de Derecho no existen, sin importar la implicación que trae consigo las consecuencias de esta afectación; se hace necesario invertir en nuestra sociedad, en educación y valores, como
única fórmula de que el aparato del Estado camine por el mejor de los senderos y que la sociedad entienda que los deberes y derechos es para todos aquellos que componen nuestra sociedad.
Piero Calamandrei jurista y político italiano, señala en su libro “Sin legalidad no hay libertad”, establece que la legalidad gira en torno a la estructura llamada estado de derecho, mecanismo que en su variado y complicado componente sirve de matriz en la relación entre los ciudadanos y las autoridades, indicando que las autoridades deben guiarse por las leyes preestablecidas, la jurisprudencia como modo de reconocer los derechos y deberes de cada ciudadano.
Como bien ha señalado el Tribunal Constitucional Federal Alemán en la sentencia BVerfGE59 del 13 de enero del 1982, “El principio de estado social se fundamenta en el deber del Estado, de garantizar un orden social justo; el cual impone al Estado el deber de cumplir”, si se analiza lo que establece del Tribunal Constitucional Federal Alemán, podemos verificar que el objeto de la Constitución, como norma suprema es garantizar un Estado de Derecho, el cual conlleva la protección de los derechos fundamentales de las personas, buena administración y gobernanza pública.
Cuando la administración pública, órganos centrales y direcciones no consideran el efecto que implica la obligación y la sujeción al principio de legalidad, como bien lo establece la Constitución, están afectado de manera directa el control jurisdiccional, tanto de las decisiones del Poder Judicial, como las decisiones del Tribunal Constitucional.
Nuestro Tribunal Constitucional, ha reiterado en múltiples sentencias desde su creación, la importancia de acatar sus decisiones, en muchas ocasiones se advierte la falta de coherencia y fundamento jurídico de las decisiones y fundamentaciones de los actos jurídicos que emanan las instituciones del Estado, posiblemente descansando en la
discrecionalidad administrativa que gozan, la cual es totalmente errada cuando choca con violaciones de derechos fundamentales, lo que evidencia una falta de conocimiento en su accionar y la ignorancia de los derechos constituciones que son vinculantes en todas las decisiones; si analizamos, en los últimos meses de manera reiterada la prensa ha hecho eco de lo ante planteado.
Ante dichas violaciones de falta de legalidad, el efecto y consecuencia pudieran ser mayúsculas e irreparable, ya es notorio, en nuestra sociedad la cual se tilda de una conducta violenta, en cuanto a su convivencia, de la misma manera es transversal el efecto que irradia la ignorancia cuando personas que tienen poder dentro de una administración obvian que están sujetos a la Constitución y al Estado de Derecho; cuando los representantes del Estado infringen la norma constitucional y los derechos fundamentales de las personas, aquellos afectados entienden que nuestra sociedad no es necesario acatar deberes y derechos, mucho menos actuar de manera responsable frente a los demás; por tal razón, un grupo hoy pequeño el cual va en crecimiento no entiende de educación, valores y respeto, al mismo tiempo todas estas faltas permean a las instituciones públicas, tanto en sus decisiones como en su gobernanza; uno de los ejemplos más atacados por ser el más evidente es la violencia de tránsito en nuestro país.
Hemos creado una ficción errada de convivencia, entendiendo que para reformar una sociedad implica únicamente tomar decisiones radicales a través de los tribunales; cuestión totalmente errada, como bien señalamos no es necesario llegar al último eslabón; una sociedad se construye con acciones preventivas a través de educación en todos los niveles, tanto en el ámbito social como en el ámbito gubernamental.
