Frederich E. Bergés
El proyecto de reforma a la Ley 87-01 avanza, pero la pregunta que casi nadie está respondiendo con números es la más incómoda: ¿quién costea los cambios? Hasta ahora, la propuesta no llega acompañada de una cifra fiscal cerrada, así como un descriptivo de fuentes y usos de esos fondos. Lo que existe es un mecanismo de ajuste gradual: cualquier aumento en las cotizaciones —del empleador y del trabajador— se aplicaría de forma escalonada, no de un solo golpe.
El nudo central está en el Fondo de Solidaridad Social, que respalda las pensiones mínimas. El Superintendente de Pensiones, Francisco Torres, ha planteado reducir temporalmente el requisito de cotización de 25 a unos 15 años, porque el sistema apenas tiene 23 años de vida y casi nadie ha completado el período actual. Pero esa flexibilización tiene un costo: exige, un incremento paralelo en los aportes para que el fondo no pierda viabilidad.
Los números concretos ya existen, aunque poco difundidos: la tasa de aporte pasaría del 9.97 % actual al 15.25 % del salario, en un incremento gradual a lo largo de ocho años. El trabajador vería subir su descuento mensual de 2.87 % a 4.43 %, mientras que el empleador aumentaría su aporte de 7.10 % a 10.82 % en el mismo período. Es decir, el costo de la reforma no se paga de una vez ni lo asume un solo actor: se reparte en cuotas anuales entre nómina patronal y salario del trabajador.
El riesgo para el país es previsible: que la reforma llegue al Congreso con buenas intenciones como ampliar cobertura, adelantar el acceso a la pensión mínima, pero sin que el ciudadano sepa, en pesos concretos, cuánto costará y quién lo pagará. Esa claridad será lo que determine si la reforma nace sostenible o si repite los mismos vacíos que hoy intenta corregir, solo que se pasaría en las posibles intervenciones en la gobernanza corporativa del sistema.
