Angel Locward
Ha corrido mucha agua debajo del puente desde 1970 cuando sólo teníamos dos bancos nacionales (Reservas y Popular) y cuatro extranjeros en una cuadra de la calle Isabel La Católica (Royal, Scotia, Chase y Citibank); todavía no habían aparecido los bancos hipotecarios y de desarrollo – ya desaparecidos- y, las tarjetas de crédito y débito, que hoy representan el 20 y 25% de sus beneficios, les eran ajenas: hoy contienen a más de 11 millones de usuarios, emitidas por los 17 bancos comerciales y otras instituciones financieras.
A lo largo de décadas, para llegar a este año hubo que cruzar aguas turbulentas que incluso hoy, cuando los recursos de la banca, RD$ 4.28 billones, representan el 56.1 % del PIB, convertida en agente de retención, ocasionalmente sufre en sus nuevos roles, primero, al convertirse en el centro de pagos que antiguamente se hacían en efectivo y, más recientemente, en canal de la digitalización, pues el 80% de las operaciones ya se hacen en esta modalidad: eso contiene nuevos retos, riesgos y obligaciones crecientemente distintas.
La banca, con sus 55 mil empleados, actualmente no es sólo receptora del ahorro del país y de su distribución en créditos, lo que ya le asignaba un papel capital en la vida nacional, sino que, además, sin control judicial práctico, afecta derechos fundamentales porque si bien es su derecho indiscutible, a quien le aprueba un crédito porque esto contiene un riesgo patrimonial, a través del supuesto “riesgo reputacional”, sin una ley, vulnera el derecho de muchos ciudadanos cuando niega la apertura de una cuenta.
El sector cerró bien el año 2025; sin embargo, algunos eventos mundiales ya se expresan en sus primeros reportes financieros del primer cuatrimestre del 2026, el Reservas, sigue siendo el primero en el top de los cinco, pero acusa una ligera reducción porcentual en la participación, entre ellos y, si bien al analizar sus beneficios debemos considerar su nueva ley, que le obliga a pagar impuestos, es el que ha añadido más terreno en su campo de acción, en oficinas contrario al BPD que las redujo. El BHD aguantó un varapalo con el fraude denunciado en la prensa y, todos, por la situación del país, cuyo PIB creció apenas un 2.1 el pasado año, han visto sus carteras de préstamos afectadas por ligeros incrementos en el stress de morosidad, aunque todavía muy por debajo de los límites aceptados como normales.
En este tema lo que deseo destacar es que la morosidad inmoviliza la capacidad de consumo de una parte de la población este año con efectos en la economía, pues las familias están destinando dinero del que reciben, crecientemente, para el pago de intereses y comisiones (costo anual del 60%) por lo que disponen de menos efectivo para sus necesidades: esa es parte de la tensión social que se percibe en las calles.
La Banca de hoy no es como en el pasado, actualmente, según los reportes el 65% de las personas tienen algún tipo de cuenta en el sistema financiero. Estas cifras no sólo revelan la importancia, sino la absoluta dependencia de las personas del sistema: no tener una cuenta bancaria es como no tener cédula de identidad y electoral.
Los servicios de la banca se han extendido más allá de guardar y prestar el dinero, el Estado ha delegado en forma expresa u omisiva, servicios públicos esenciales: sin algún tipo de cuenta bancaria nadie puede pagar los impuestos, ni trabajar porque la mayoría de las empresas pagar sus nóminas a través de cuentas bancarias, no se puede pagar la seguridad social y en efecto, ningún pago que exceda ciertos montos, tampoco vender, ni comprar, porque todo se hace obligatoriamente a través de servicios bancarios, sean transferencias o cheques. Tampoco obtener las referencias que se requieren para viajar y casi para toda actividad.
La Banca nacional ha sido un motor de la economía, ha sido resiliente y afrontó con éxito las crisis del mundo y locales, fue promotora de movilización social y económica y, en particular sostuvo siempre una actitud empresarial progresista y, en la actual coyuntura, en que los nuevos ejecutivos, por el fallecimiento o retiro de los precursores, modifican las políticas internas haciéndose más corporativos y con menos de servicios personales, líneas que están en su derecho de adoptar porque no crea problemas: los clientes simplemente se van a trasladar a donde les ofrezcan servicios, como ha sucedido con el Santa Cruz, lo que no pueden es afectar los derechos fundamentales resguardados a favor de los ciudadanos de disfrutar, eficazmente como es el derecho fundamental a los servicios financieros.







