La Redacción
Santo Domingo
El hacinamiento de personas detenidas de manera preventiva en destacamentos de Santo Domingo Este (SDE) en vez de mejorar se agravan, especialmente en los casos de violencia de género, por la falta de traslado oportuno de los imputados a los tribunales, incumpliéndose así el plazo legal de las 48 horas.
Cuando finalmente se logra llevar a los privados de libertad ante un juez, «dos semanas, tres semanas, hasta un mes» tras el arresto, ocurre que, si se dicta prisión preventiva, empieza otro proceso que puede prolongarse por otro mes más, como consecuencia de los trámites burocráticos que retrasan la entrega del preso a la penitenciaría que ordena el magistrado.
La alarma sobre lo que ocurre con el destacamento de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, llevó a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) a someter un recurso de inconstitucionalidad sobre lo que ocurre en ese cuartel.
Así lo detalla a Diario Libre la defensora pública, Winie Adames.
La información fue corroborada por Roberto Santana, titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios (Dgspc), que aclara que a esa institución le corresponde solo gestionar las condiciones de los detenidos cuando ya existe una resolución del juez, sobre coerción o una condena.
Asimismo, Adames atribuye a una «falta de logística del Ministerio Público» que no lleva desde los destacamentos al conocimiento de las medidas de coerción a los arrestados, pero que también el Poder Judicial es responsable «porque cuando sucede eso debe de darse como no presentadas las medidas.
Otra de las causas que, según la abogada pública, empeora la situación de detenciones y carcelarias es que la prisión preventiva «es la medida por elección de los jueces».
El recurso de amparo de la ONDP se interpuso luego de que esa institución comprobara que 85 personas permanecían recluidas en el espacio de la Unidad de Violencia de Género, destinado únicamente para detenciones temporales.
De los detenidos, 27 esperaban el conocimiento de medidas de coerción o diligencias procesales ante el Ministerio Público, mientras que otros 58 ya contaban con medidas de coerción impuestas por los tribunales, pero seguían en el destacamento como consecuencia de retrasos en su traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.
La Defensa Pública sostuvo que esta situación refleja deficiencias en el sistema de traslados penitenciarios, lo que provoca que personas permanezcan durante días o semanas en instalaciones policiales que no están diseñadas para albergar internos de manera prolongada.
¿Hay o no hay espacios en Las Parras?La defensora pública Winie Adames sostiene que si el arrestado no tiene impuesta coerción corresponde al Ministerio Público gestionar su envío desde el destacamento a los tribunales y luego de que se impone la medida por el juez a la Dirección General de Prisiones.
Adames afirma también que «no hay cupo en los centros penitenciarios» y que Las Parras no está recibiendo reclusos porque «está cerrada».
Santana rechazó esa afirmación y aseguró que «eso es totalmente falso».
«Hay una cantidad de cupos y por otra parte desde ayer (el miércoles) nos entregaron el cuadrante número dos que tiene capacidad para 2,400 desde ayer y hoy están trasladando ya una cantidad de privados de libertad también para ese segundo cuadrante (de Las Parras)», indicó el director de la Dgspc.
