La Redacción
Santiago
El Ministerio Público depositó ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medida de coerción contra los apresados en la Operación XL526, caso en el que se investiga una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos.
La estructura investigada por el Ministerio Público señala como presuntos cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Además de otros imputados vinculados como miembros operativos, entre ellos Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Abogados de la defensa denunciaron este jueves que hasta el momento no han sido notificados formalmente de la instancia depositada, ni han tenido acceso completo a sus representados para preparar sus estrategias de defensa.
Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, afirmó que su defendido es un joven ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y rechazó su vinculación con la estructura criminal investigada.
González explicó que la solicitud de medida de coerción habría sido depositada alrededor de las tres de la madrugada, pero que aún se encuentra en proceso de organización y cotejo de pruebas, lo que ha retrasado la notificación a las distintas defensas.
«Bueno, respecto a nuestros representados, sí está dentro del listado que se le va a conocer medidas de coerción, se trata del joven ingeniero civil Danny Rafael Laguar Ferreira, un joven trabajador. Nosotros entendemos que en su debido momento vamos a probar que no tiene absolutamente nada que ver con esta situación», dijo González.
El abogado también señaló que los cargos preliminares incluirían asociación de malhechores, extorsión y lavado de activos, aunque insistió en que la defensa aún no ha tenido acceso formal a las pruebas que sustentan la acusación.
Asimismo, criticó las limitaciones para el contacto con su cliente en el centro de detención, asegurando que no pudo entrevistarlo de manera adecuada.
«Yo acabo de subir de la cárcel y no me lo dejaron ver porque hoy es día de fiesta… no he tenido contacto más que una llamada muy breve», afirmó.
En ese mismo orden, el abogado José Reynoso García denunció lo que calificó como «violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de los imputados» desde el inicio de las detenciones.
Reynoso sostuvo que los detenidos fueron trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, lo que, según dijo, ha dificultado el acceso de la defensa.
«El Ministerio Público desde que ha iniciado mi proceso, ha violentado derechos de los ciudadanos imputados. Lo primero que hace es que los lleva a varios centros que no están destinados para retener imputados, no permiten que uno los vea», expresó.
Afirmó que las defensas acudieron al Palacio de Justicia con la intención de conocer las imputaciones, pero que aún no contaban con acceso al expediente completo.
«Depositó la medida, pero están cotejando todas las pruebas. Entonces el sistema de justicia se convierte en un violador de derechos porque no se puede violentar plazos de ley», agregó.
Reynoso también cuestionó el tiempo otorgado al Ministerio Público para organizar el expediente, señalando que esto afecta el derecho de defensa de los imputados.
«Ese tiempo que ellos se están tomando lo necesitamos nosotros para defender a esos ciudadanos imputados», sostuvo.
Sobre la Operación XL526
La Operación XL526 fue ejecutada por el Ministerio Público en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal que, según la acusación, operaba desde Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
El Tribunal de Atención Permanente de Santiago deberá fijar en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción, en medio de la fase de organización del expediente por parte del Ministerio Público.
