Carlos Salcedo
Hoy, si el calendario no se altera, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligirá y juramentará a seis nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido su presidente. Cuatro por las vacantes de Luis Henry Molina, Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, y dos para sustituir a Francisco Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta, a quienes el CNM no ratificó en septiembre. Si la cita se pospone, lo que aquí sostengo gana vigencia.
Deseo sinceramente que a los elegidos les vaya bien. Pero no puedo callar que vamos a estrenar SCJ sin saber por qué salieron quienes salieron. Al escribir estas líneas, el acta con aquellas votaciones sigue sin publicarse.
Seamos rigurosos. Ni la Ley 138-11, ni su reforma por la Ley 1-25, ni el Reglamento 2-25 obligan expresamente a publicar el voto de cada consejero ni a motivar cada no ratificación. Hay criterios, pero no se sabe cuánto pesa cada uno ni qué puntuación mínima se exige. La entrevista se transmite en vivo; la decisión se toma a puerta cerrada.
Lo vivimos en 2025, con actas genéricas y empates resueltos por el voto calificado del presidente de la República, porque los resultados “no alcanzaban los estándares de idoneidad y desempeño exigidos”. La solución no requiere reforma constitucional. Sí un baremo público, votos nominales y motivados, actas publicadas en plazos ciertos y abstención de los consejeros salientes al elegir a sus sucesores.
Si, como muchos anticipan, Fernando Langa resulta elegido presidente, digo claramente que apoyé públicamente su candidatura. Por eso seré tan exigente con su gestión como con el proceso que lo elige. Mi apoyo no fue un cheque en blanco.
