Luis García
Santo Domingo
El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, sometió este miércoles ante el Senado de la República un proyecto de ley que busca modificar varios artículos del nuevo Código Penal, entre ellos, la prisión por casos de difamación.
Durante un encuentro con miembros de la prensa tras la sesión de la Cámara Alta, el senador propuso que el artículo 208, sobre difamación, solo sancione la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona.
«Proponemos que la sanción penal se limite solamente a las imputaciones falsas realizadas de manera dolosa y se eliminen conceptos imprecisos», dijo.
En ese sentido, se eliminarían las penas de prisión para ese delito y serían sustituidas por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de la reparación civil del daño causado.
En referencia al artículo 209, sobre la difamación extorsiva, Taveras propuso que debería ser derogado, debido a que en el artículo 332 se mantiene dicha figura.
La propuesta de modificación incluye reducir la pena actualmente prevista de cinco a diez años de prisión y sustituirla por una sanción de quince días a un año de prisión menor, cuando la difamación sea utilizada para obtener beneficios indebidos o para obligar a una persona a realizar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses.
En ese mismo orden, solicitó la modificación del artículo 210, sobre injuria, que busca proteger la libertad de opinión y de crítica, reservando la intervención penal únicamente para conductas graves y dolosas.
Asimismo, manifestó que, en cuanto al artículo 212, este debe adecuarse para que en ningún caso se pueda imponer el cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus actividades, la revocación de licencias, la incautación de equipos o cualquier otra medida que limite su funcionamiento.
De igual manera, propuso la derogación del artículo 310, sobre el ultraje a funcionario o servidor público.
«Este artículo plantea un tratamiento especial para los funcionarios que sean supuestamente difamados. Esta disposición otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, en contradicción con el principio constitucional de igualdad ante la ley y con la necesidad de garantizar el escrutinio sobre quienes ejercemos funciones públicas», sostuvo.
Objetivos y fundamentos de la iniciativa legislativa
El senador aseguró que las modificaciones buscan modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y con los estándares internacionales de protección de los derechos fundamentales.
«Se han presentado discusiones sobre estos artículos y, de hecho, nosotros, cuando los examinamos y participamos en la comisión especial del nuevo código, nos opusimos a los mismos, pero fuimos derrotados. Hoy los proponemos nuevamente, espero que sean acogidos», dijo.
Las propuestas de modificación a la Ley 74-25 serán evaluadas por una comisión especial, de acuerdo con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
