La Redacción
Santo Domingo
Uno de los abogados acusados en el caso de presunta corrupción que encabezan varios exfuncionarios, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero, recusó a dos de las tres juezas del tribunal que ventila el juicio de fondo.
El imputado que presentó la recusación es Juan Tomás Polanco Céspedes, a la cual se adhirieron los encartados Agustín Mejía Ávila y Flor María Reyes.
En su instancia contra la magistrada Evelyn Rodríguez, el abogado Polanco alega «animadversión» con su defensa Alberto Almonte de los Santos por conflictos de años pasados, mientras que contra la jueza Leticia Martínez la señala de afectarle su derecho a la tutela judicial.
Los cuestionamientos, afirma, llevaron a las juezas a rechazarle la extinción de la acción penal.
Ante la recusación, el Tercer Tribunal Colegiado, que preside Arlín Ventura Jiménez y que no fue recusada, recesó el juicio para el 11 de noviembre para dar tiempo a que se decida sobre la recusación.
Fueron las que votaron contra extinción
Las magistradas recusadas, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, fueron las que votaron contra la extinción de la acción penal a varios imputados del presunto caso de corrupción, que son, además de Céspedes Polanco, Ángel Lockward, Manuel Milcíades Morillo Soto, Ramón David Hernández, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Yahaira Brito Evangelista y Agustín Mejía Ávila.
A Donald Guerrero, el tribunal se la declaró inadmisible la solicitud de extinción de la acción penal porque debió presentarla en la etapa de los incidentes y antes de iniciarse los debates del juicio, los cuales, según las juezas, ya iniciados no pueden interrumpirse. Sin embargo, podrá interponerla al momento de las conclusiones del fondo.
A los más de treinta imputados se les atribuye desviar, solo en el pago de terrenos declarados de utilidad pública, más de 19 mil millones de pesos.
Asimismo, se les señala de pago de sobornos para ser utilizados en la campaña electoral de 2020 del Partido de la Liberación Dominicana.
Según el Ministerio Público, los imputados también implantaron un esquema de extorsión sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda.
