Patricia Arache
El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona emitió el Decreto 330-26 que modifica el reglamento de licencias de conducir en República Dominicana.
Aunque la medida, aparentemente es sólo técnica, encierra un profundo significado social y político, porque reconoce la vigencia activa de los adultos mayores en la vida cotidiana y plantea un equilibrio entre derechos, seguridad y confianza institucional.
La decisión presidencial estuvo antecedida por la advertencia del magistrado José Alejandro Vargas, quien con la franqueza y la responsabilidad que siempre lo han caracterizado, y la autoridad jurídica de la que está revestido como miembro del Tribunal Constitucional del país (TCRD), alzó su voz fuerte y clara contra lo que calificó como una medida discriminatoria.
Pronto, el dislate constitucional estaba resuelto: el presidente emitió el decreto y el reperpero generado por el tema de las licencias para conducir se encaminó por la vía esperada, la del entendimiento y la lógica.
De acuerdo al Decreto 330-26, para las categorías 01, 02 y 05, la licencia tendrá una vigencia de 4 años hasta los 75 años de edad, a partir de la cual, la renovación será cada 2 años.
Para las categorías 03 y 04, la vigencia será de 3 años hasta los 75 años, y luego cada año.
Con el compromiso de modificar la vigencia de las licencias de conducir, si se determinara alguna condición médica del ciudadano, el Estado asume el compromiso de reconocer derechos individuales, pero también el de defensa a los colectivos.
Este decreto no sólo alivia la carga burocrática y habitualmente excluyente hacia los mayores de 65 años, sino que también envía el mensaje político de que el Estado reconoce que la edad no debe ser un límite automático para la participación plena de la gente en la sociedad.
El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrat), de acuerdo a sus autoridades, ya ha eliminado el procedimiento que establecía que las personas de 65 años y más tendrían que renovar la licencia de conducir cada dos años y pagar una tarifa reducida equivalente al 50 % del costo regular.
A partir del decreto presidencial, la vigencia vuelve a ser de cuatro años para todas las personas hasta llegar a los 75 años de edad, que, entonces, sería por dos años.
Más que una modificación administrativa, la decisión es un gesto político que dignifica a los adultos mayores, les otorga confianza y al mismo tiempo reafirma la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad vial.
La medida presidencial se inscribe en una narrativa de inclusión social, donde el adulto mayor deja de ser visto como sujeto pasivo y dependiente, para ser considerado un actor activo en la movilidad, en el trabajo y en la vida comunitaria y se acoge a los nuevos tiempos que elevan el promedio de vida de la gente
También redefine la manera en que el Estado concibe la ciudadanía plena en la vejez. ¡Excelente respuesta, presidente!
