Patricia Arache
La violencia contra las mujeres en República Dominicana es una fractura cultural que desgraciadamente atraviesa generaciones y territorios.
Se trata de una grieta que revela las tensiones más profundas de nuestra convivencia familiar y social, con cifras tan contundentes como la que establece que “más de 842,288 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales se produjeron en el período 2015-2025”.
El dato fue tomado de la “Radiografía de los delitos de violencia de género, intrafamiliar y sexual en República Dominicana”, publicada por la Procuraduría General de la República, en noviembre del pasado año 2025.
Las estadísticas indican que los fines de semana concentran casi la mitad de los feminicidios, y que los lunes son los días con mayor número de denuncias.
Estos datos obligan a reconocer que la violencia se alimenta de dinámicas familiares y sociales que requieren una transformación cultural profunda, más allá de la respuesta ministerial, policial o judicial.
Por estas razones, la reunión del “Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas”, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, representa un valioso intento de articular voluntades.
El cruce de registros entre el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y la Línea 212 del Ministerio de la Mujer es un avance significativo, que va más allá del simple intercambio de datos y que busca construir inteligencia colectiva e identificar recurrencias y zonas críticas, para orientar recursos públicos hacia donde más se necesitan.
La iniciativa del Ministerio de la Mujer, denominada Programa PRISMA 2027, que iniciará en Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal, busca ampliar la cobertura territorial mediante asociaciones sin fines de lucro bajo estándares de calidad y supervisión y eso es sumamente necesario.
Es una apuesta por descentralizar la atención y acercar los servicios a las comunidades más golpeadas. Sin embargo, el reto será garantizar que estas organizaciones tengan la capacidad real de responder y que el Estado mantenga la vigilancia necesaria para evitar improvisaciones.
También se trabaja en la Ley Mirabal, que añade una dimensión política y jurídica crucial y es un anteproyecto que pretende articular prevención, atención, protección, sanción y reparación en un sistema integral.
Es, en esencia, un intento de darle coherencia a un marco legal disperso y de garantizar derechos claros para las víctimas. Pero hay que esperar porque, como toda ley, su eficacia dependerá de la voluntad política y de la capacidad institucional para aplicarla sin dilaciones ni excusas.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha recordado que la violencia no puede analizarse en aislamiento: la mortalidad materna, el trabajo no remunerado, las desigualdades territoriales y las brechas de género son parte del mismo escalofriante entramado.
Combatir la violencia exige también combatir la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, porque se entiende que la violencia es síntoma de un problema estructural.
Las iniciativas integrales planteadas son interesantes y necesarias, pero, como reflexión final, hay que preguntar si hay capacidad suficiente para transformar estos planes en resultados tangibles.
La violencia contra la mujer se combate con educación en igualdad desde la infancia, en el hogar, en la escuela, con políticas públicas sostenidas, con justicia que llegue a tiempo y con una sociedad que decida no tolerar más la indiferencia. ¡Estamos a tiempo!
