La Redacción
Santo Domingo
El Partido de la Liberación Dominicana considera indispensable abrir una reflexión nacional sobre las garantías que deben impedir la utilización política de la justicia.
Las consideraciones fueron emitidas a propósito del dictamen de un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, dictado el pasado viernes por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al concluir que no existe responsabilidad penal en su contra.
Entiende que ninguna organización política, ningún ciudadano y ningún servidor público deberían ser objeto de persecuciones prolongadas sustentadas más en intereses coyunturales que en pruebas concluyentes.
El secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien fungió de vocero en la rueda de prensa de los lunes, dijo que el partido celebra que a los compañeros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta se les haya reconocido en sede judicial lo que durante años sostuvo su partido, sus familiares y amplios sectores de la sociedad dominicana: que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo.
Acompañaron al secretario general en la Rueda de Prensa, los tres vicepresidentes del PLD, Temístocles Montás, Zoraima Cuello e Yván Lorenzo, el secretario de Asuntos Jurídicos, los miembros del Comité Políticos, Alejandrina Germán, Margarita Pimentel y Richard Medina, así como Yulibelis Wandelpool del equipo jurídico
El PLD considera que el reconocimiento judicial constituye también una reivindicación moral para quienes durante años fueron sometidos a impedimentos de salida del país bajo alertas migratorias ilegales, prisión preventiva, campañas de descrédito público, afectaciones económicas, serias afectaciones de salud y un profundo sufrimiento personal y familiar.
“Ninguna decisión judicial puede devolver completamente el tiempo perdido, el daño reputacional sufrido o las consecuencias emocionales que estos procesos produjeron en ellos y en sus seres queridos”, agregó.
Señaló que igualmente el PLD esta reflexión a todos los compañeros que han sido descargados por los tribunales después de años de procesos judiciales, medidas restrictivas y exposición pública. “La justicia no sólo debe sancionar cuando corresponde; también debe reconocer y proteger los derechos de quienes resultan inocentes”.
Dijo que, sin embargo, más allá de los casos particulares, las recientes decisiones judiciales obligan al país a reflexionar sobre una cuestión de fondo: el riesgo que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia.
Manifestó que la reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recuerda una verdad esencial de todo Estado de derecho: una acusación no equivale a una condena, corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades sobre la base de pruebas válidas y suficientes.
“La presunción de inocencia no constituye un privilegio; es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas políticas o de la posición que ocupen en la sociedad”, sostuvo el vocero del PLD.
Afirmó que se presentaron acusaciones como verdades definitivas cuando aún debían ser sometidas al escrutinio judicial. “Esa verdad ha comenzado a abrirse paso y nada podrá detenerla. Nunca hubo casos. No se trata de culpables o inocentes, se acusó a quienes se podía instrumentalizar para destruir al PLD. Esa verdad ha comenzado a florecer y nada podrá detenerla”.
Por esa y otras razones el PLD propone que la sociedad dominicana asuma el compromiso de que nunca más la justicia sea utilizada como instrumento de competencia política, las conferencias de prensa sustituyan las decisiones de los tribunales y la filtración selectiva de expedientes se convierta en un mecanismo de condena anticipada.
Asimismo, la prisión preventiva sea utilizada como castigo antes de una sentencia, los procesos judiciales se prolonguen innecesariamente más allá de los límites razonables establecidos por la ley, se vulneren la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a una defensa efectiva.
Igualmente, se utilicen mecanismos administrativos nacionales o internacionales para afectar derechos, reputaciones o carreras políticas al margen de las garantías del debido proceso.
