Antonio Ciriaco Cruz
La posible imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a más de 60 países, incluyendo al nuestro, a bienes producidos con trabajo forzoso, abre una amenaza que no se puede ignorar. Aunque el país no es un gran exportador hacia esos mercados en sectores de alto riesgo, sí participa en cadenas globales donde un eslabón contaminado puede impactar a todos.
Para entender el impacto, conviene mirar el corazón de nuestra economía: las zonas francas, responsables de más de 190 mil empleos y exportaciones que superan los US$8,000 millones de dólares anuales. Muchas de estas empresas ensamblan o transforman insumos importados. Si alguno de esos insumos proviene de países o industrias señaladas por trabajo forzoso, el producto final podría enfrentar sanciones o aranceles, aun cuando la parte dominicana sea completamente legal y ética.
Esto significa que la “trazabilidad”, saber exactamente de dónde viene cada componente, dejará de ser un lujo para convertirse en un requisito de supervivencia comercial. Las empresas dominicanas deberán exigir a sus suplidores certificaciones más estrictas y sistemas de verificación que aumentarán costos operativos, especialmente para pequeñas y medianas empresas.
Un ejemplo práctico ayuda a visualizarlo. Imagine que una fábrica dominicana de ropa deportiva importa telas desde Asia para confeccionar camisetas que luego vende a Europa. Si uno de los países proveedores es incluido en la lista de alto riesgo por trabajo forzoso, toda la camiseta dominicana podría enfrentar un arancel adicional o incluso ser rechazada, aunque el trabajo local sea digno y regulado. El costo final subiría y la empresa perdería competitividad frente a productores de otros países con cadenas más limpias.
La buena noticia es que el país ya ha avanzado en estándares laborales y en transparencia. Pero el nuevo escenario exige ir más lejos: fortalecer auditorías, diversificar proveedores y promover acuerdos que garanticen cadenas éticas.
