Emelyn Baldera
Si hay una institución que juega un rol protagónico en los procesos a los que está llamada a intervenir, es la Junta Central Electoral (JCE). Por eso, vimos recientemente una resolución que prohíbe divulgar sondeos y encuestas políticas-electorales fuera de los tiempos oficiales establecidos para la precampaña y la campaña, que están programadas para comenzar a mediados del próximo año.
Esta medida no ha caído del todo bien en algunos sectores políticos del país. Y es entendible: en muchas ocasiones, este tipo de herramientas influye directamente en la percepción del electorado, un punto clave para quien quiere ganar unas elecciones.
La realidad es que vivimos en un país profundamente político. A veces, la política se extiende demasiado, como si no hubiera límites. Y eso da grima; no es posible que la campaña dure una eternidad y mucho menos que se les pida a los ciudadanos que sigan destinando su energía a las mismas tensiones una y otra vez, cuando el día a día ya es bastante difícil. Ciertamente, la política cansa. Y sería bueno que lo entendieran quienes se erigen como “salvadores de la patria”, pero no son capaces de esperar los plazos ni respetar las reglas que establecen instituciones como la JCE.
De cara a la campaña que se avecina rumbo a las elecciones del 2028, la ciudadanía espera el mismo compromiso que asumió Román Jáquez, presidente del pleno, con un resultado a favor de la democracia dominicana, evidenciado en las pasadas elecciones.
Por eso, establecer las reglas del juego, en este caso para la difusión de encuestas, es parte del compromiso institucional que debe sostenerse en el tiempo. La advertencia está hecha: las empresas encuestadoras debidamente acreditadas ante la JCE que violen esta disposición legal se enfrentarán a una suspensión temporal de su registro o a la cancelación definitiva de su licencia.
Y si de verdad queremos democracia sana, entonces respetemos el calendario, cuidemos la voluntad del pueblo y dejemos la campaña para cuando toca.
