Daniel Toribio
En Estados Unidos y en numerosos países se realizan encuestas para conocer opiniones, evaluar gobiernos y medir preferencias electorales. Su utilidad depende de que se publique información suficiente para que los especialistas examinen sus métodos y valoren sus conclusiones.
No necesitan la aprobación de otras firmas, sino permitir una revisión independiente. La Asociación Estadounidense de Investigación de Opinión Pública establece criterios de transparencia sobre la selección de participantes, las entrevistas, la ponderación de los resultados y la precisión de las estimaciones. Publicar porcentajes sin explicar cómo se obtuvieron dificulta evaluar su calidad.
La encuesta de ACD Media correspondiente a octubre merece examinarse con ese criterio. Presenta resultados relevantes sobre la situación nacional, los precios y la valoración del Gobierno. Sin embargo, deja preguntas pendientes.
Su ficha técnica declara 1,200 entrevistas y un nivel de confianza, pero no explica cómo se seleccionó a los participantes, mediante qué modalidad se realizaron las entrevistas ni si se aplicaron ajustes estadísticos. Una muestra numerosa no garantiza, por sí sola, que sea representativa del país.
La distribución territorial también requiere aclaración. El Sur aparece con un 38.1 % y el Norte con un 16 %. ¿Están intercambiadas las etiquetas? ¿Se utilizó otra regionalización? ¿Se trata de porcentajes de entrevistas realizadas o de resultados ajustados? Sin una explicación, resulta difícil evaluar la cobertura nacional.
La composición partidaria tampoco constituye, por sí misma, un defecto metodológico. Declararse simpatizante de un partido no obliga a aprobar su gobierno ni a preferir a sus aspirantes. Que las respuestas difieran de esa identificación no demuestra la existencia de sesgos. La cuestión es cómo se seleccionaron los entrevistados y si representan adecuadamente a la población.
Las comparaciones internas también requieren información adicional: ¿cuántas personas respondieron dentro de cada organización? Sin esas cantidades y sin conocer el diseño de la muestra, no es posible evaluar con rigor la precisión de las diferencias entre aspirantes. Tampoco una preferencia general permite determinar quién ganaría frente a candidatos de otros partidos.
En el apartado dedicado a la consulta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), solo una minoría conoce la suspensión del proceso. Es válido formular preguntas a ese grupo, pero sus respuestas no pueden atribuirse al conjunto de la población. Debe precisarse cuántas entrevistas sustentan cada resultado, especialmente cuando se aplican filtros adicionales.
También hay inconsistencias en la presentación de los resultados. Los porcentajes de recordación de figuras digitales suman un 105.9 %. Esto podría ser válido si se admitieron varias respuestas por participante, pero esa circunstancia debe indicarse expresamente.
Otra pregunta compara la Policía con años anteriores mediante categorías que mezclan la valoración actual con la percepción de cambio. Además, una lámina anuncia resultados sobre la popularidad presidencial, aunque la pregunta formulada se refiere a la aprobación del Gobierno. Son conceptos relacionados, pero no equivalentes, y deben presentarse con precisión.
Estas observaciones no prueban manipulación ni invalidan los resultados. Lo que exigen es aclarar el diseño metodológico, publicar la cantidad de entrevistados correspondiente a cada grupo y corregir las inconsistencias de presentación.
Una encuesta influye en la conversación pública y puede incidir en las decisiones políticas. Por eso, quienes la realizan y difunden deben facilitar su examen independiente.
La confianza no se consigue simplemente anunciando un nivel de confianza estadística. Se construye explicando de dónde procede cada porcentaje, cuáles son sus limitaciones y hasta dónde pueden interpretarse los resultados sin extraer conclusiones que las preguntas formuladas y la metodología empleada no permiten sostener.
