Carlos Salcedo
La seguridad ciudadana es una obligación esencial del Estado y una condición indispensable para la convivencia democrática. Ninguna sociedad puede desarrollarse plenamente cuando el miedo a la delincuencia limita la libertad, el trabajo, la movilidad y la vida de sus ciudadanos.
Por ello, es positivo que el Gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, impulse una estrategia integral de seguridad. La prevención comunitaria, la intervención territorial, el fortalecimiento policial, el uso de tecnología, la iluminación de espacios públicos, las cámaras de vigilancia, los programas dirigidos a jóvenes y la coordinación interinstitucional son componentes que deben formar parte de una política moderna de seguridad.
La delincuencia no puede enfrentarse exclusivamente cuando ya ha ocurrido el delito. La eficacia comienza identificando previamente los territorios de mayor riesgo, recuperando espacios públicos, fortaleciendo las comunidades y creando oportunidades para quienes pueden convertirse en víctimas o protagonistas de la violencia.
Sin embargo, toda política pública de seguridad debe ser evaluada por sus resultados y su sostenibilidad. De ahí la importancia de una planificación estratégica que trascienda las coyunturas y permita construir capacidades institucionales permanentes.
Una policía fuerte no es aquella que actúa sin límites, sino la que ejerce legítimamente la autoridad dentro de la Constitución y la ley. El respeto a los derechos fundamentales no debilita la seguridad; la legitima.
El ciudadano tiene derecho a ser protegido frente al delito y a que quien ejerce el poder público respete sus derechos. No existe contradicción entre ambas exigencias. Al contrario, ambas forman parte de la misma concepción constitucional del Estado.
Por eso, el éxito del plan no debería medirse solamente por el número de policías desplegados, cámaras instaladas o territorios intervenidos. Debe medirse por la reducción efectiva de la violencia, la prevención del delito, la confianza de la ciudadanía, la eficacia de la investigación criminal y el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad.
La seguridad que necesita la República Dominicana no es simplemente aquella que persigue al delincuente, sino la que previene el delito, protege al ciudadano, profesionaliza sus instituciones y garantiza que el ejercicio de la fuerza pública permanezca siempre dentro de la Constitución.
Porque la seguridad y el Estado constitucional no son caminos diferentes. La seguridad adquiere su verdadera legitimidad cuando protege al ciudadano sin sacrificar las instituciones que hacen posible la democracia.
