Kendall Trelegan
Cada día es más difícil justificar la lentitud de la adaptación al cambio climático. El año pasado fue uno de los más calurosos de los que se tiene registro, las economías y comunidades de todo el mundo se vieron afectadas por olas de calor extremo, lluvias torrenciales y ciclones tropicales. A medida que se acerca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará en noviembre en Turquía, los gobiernos deben ir más allá de las promesas climáticas y centrarse en la implementación de esos compromisos.
El financiamiento destinado a las actividades de adaptación sigue estando muy por debajo de lo necesario: las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indican que los países en desarrollo necesitarán entre 310 000 y 365 000 millones de dólares al año hasta 2035, lo que sitúa el déficit actual de financiamiento en 280 000 millones de dólares. Conseguir que el dinero llegue a donde más se lo necesita puede suponer un reto aún mayor, ya que es difícil para las instituciones identificar inversiones para la adaptación que estén listas para ser ejecutadas, y cuyos riesgos puedan evaluarse y valorarse adecuadamente.
En un nuevo documento de trabajo, sostenemos que las estimaciones de las necesidades de financiamiento y las carteras de inversión propuestas pasan por alto un elemento fundamental de la infraestructura: un ecosistema de servicios de atención adaptados al clima que ayude a las familias a prepararse para los riesgos provocados por el clima, a sobrellevarlos y a recuperarse de sus impactos. Si se diseñan adecuadamente, estos servicios pueden reforzar la resiliencia de los hogares y las comunidades. El mismo principio sustenta las inversiones en sistemas de alerta temprana y en protecciones sociales adaptativas diseñadas para ayudar a los países a responder a las crisis climáticas.
Sin embargo, los planes nacionales de adaptación al cambio climático pocas veces tienen en cuenta lo que ocurre cuando se interrumpe la prestación de los cuidados: las inundaciones y los incendios forestales obligan a las familias a desplazarse y separan a los cuidadores de quienes dependen de ellos. Cuando la atención en el hogar ya no es posible, la atención formal puede convertirse en un salvavidas para las personas mayores o con discapacidades, incapaces de evacuar lugares o valerse por sí mismas. Sin servicios de atención confiables, los problemas de salud pueden terminar en hospitalizaciones que se hubieran podido evitar, lo que ejerce aún más presión sobre unos servicios ya de por sí sobrecargados.
En la situación actual, los familiares que se ocupan de los cuidados se ven obligados a asumir todo el peso de esa responsabilidad, exponiéndose a sufrir lesiones y agotamiento durante las emergencias prolongadas. Algunos de ellos, en su mayoría mujeres, deben abandonar el trabajo remunerado justo cuando sus familias menos pueden afrontar una pérdida de ingresos. Cuando los sistemas de cuidado fallan, una crisis climática puede convertirse rápidamente en una crisis tanto sanitaria como económica. La existencia de sistemas de cuidado sólidos pueden evitar esos fallos en cadena, por lo que constituyen un elemento crucial de la resiliencia climática.
Ese enfoque sectorial lleva a que se pierdan de vista los servicios de atención. La agricultura, la silvicultura, la pesca, el abastecimiento de agua y el saneamiento representan casi el 40 % del financiamiento mundial para la adaptación, mientras que la salud recibe entre el 4 % y el 6 %, según las estimaciones, y la educación, alrededor del 2 %. Los cuidados a largo plazo y la atención y educación de la primera infancia brillan por su ausencia, sobre todo en los países con ingresos bajos y medios, donde la mayor parte de esos servicios se presta de manera informal.
A pesar de ser insuficiente, la cifra de entre 310 000 y 365 000 millones de dólares ya está incorporada en los planes nacionales y en los objetivos de los bancos multilaterales de desarrollo; pero a medida que se agraven las crisis climáticas, la población no necesitará menos cuidados, sino más. Y cuando los servicios formales resulten insuficientes, los cuidadores no remunerados —en su gran mayoría mujeres y niñas— serán quienes cubran ese déficit.
Para construir esa infraestructura de cuidados harían falta millones de trabajadores. Estimamos que los cuidados y la educación de la primera infancia, así como los cuidados de larga duración, podrían generar empleo directo para entre 3,6 y 7 millones de personas en Bangladés. Se crearían más puestos de trabajo con el suministro de alimentos y otros productos, así como con la construcción o la adaptación de centros de cuidado infantil y residencias para quienes reciben cuidados de largo plazo.
Los servicios de cuidado también ofrecen a los financiadores una forma concreta de poner en uso los fondos destinados a la adaptación. En primer lugar, existe evidencia verificada —datos sobre costos unitarios, modelos de dotación de personal, utilización y resultados— para esas inversiones que facilita la evaluación de riesgos. Algunas de estas inversiones se autofinancian parcialmente gracias a ingresos fiscales derivados del aumento del empleo y la reducción del gasto futuro en salud y protección social. Además, la demanda está garantizada desde el punto de vista demográfico, ya que la necesidad de cuidados no hará más que aumentar a medida que la población envejezca.
