La Redacción
Santo Domingo
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) fiscalizó diversos puntos del Gran Santo Domingo y sancionó a 15 empresas constructoras cuyos camiones vertieron concreto y dispusieron materiales en la vía pública, infringiendo la Ley 63-17 y dificultando el tránsito.
Estos operativos se llevaron a cabo frente a edificaciones en construcción en sectores del Distrito Nacional (incluyendo Piantini, Serrallés y Naco) y de Santo Domingo Este (en el sector Alma Rosa).
Según el director del INTRANT, Juan Manuel Méndez, estas acciones forman parte de las labores continuas de esa institución para garantizar el orden, la seguridad y la movilidad de todos los ciudadanos.
Recordó que el artículo 151 de la referida legislación establece como infracción realizar trabajos en la vía pública sin colocar y mantener la señalización de advertencia de peligro requerida, conducta que conlleva una sanción de uno a tres salarios mínimos.
En tanto que el artículo 153 establece las disposiciones relativas a los permisos para ejecutar trabajos en las vías públicas y contempla una sanción de uno a cinco salarios mínimos para quienes ejecuten labores en la vía pública sin el permiso correspondiente del INTRANT o del ayuntamiento.
En ese sentido, el párrafo II del artículo 153 dispone que los trabajos autorizados deben ejecutarse sin obstaculizar el tránsito, mientras que el párrafo III del mismo artículo establece que las labores de corta duración que puedan fraccionarse deben realizarse preferiblemente en horarios de menor flujo vehicular.
De igual manera, esta disposición establece que los materiales y desechos deben ser retirados inmediatamente, con el propósito de evitar que permanezcan en la vía pública y afecten la circulación o representen un riesgo para los usuarios.
Durante las inspecciones realizadas en distintos puntos de Santo Domingo, las brigadas del INTRANT verificaron situaciones relacionadas con el vaciado de concreto y la disposición de materiales en espacios destinados a la circulación, procediendo con las sanciones correspondientes conforme a las disposiciones legales aplicables.
En tal sentido, Méndez sostuvo que las actividades que impliquen ocupación, intervención u obstaculización de las vías públicas deben realizarse cumpliendo previamente con los permisos, las condiciones de seguridad y las disposiciones establecidas por las autoridades competentes.
