La Redacción
Santo Domingo
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional iniciará mañana el conocimiento del fondo del juicio seguido al exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros 34 imputados en alegado desfalco cometido contra el Estado por más de 19 mil millones de pesos, acción que fue desmantelada a través de la denominada “Operación Calamar”.
El tribunal está integrado por las magistradas Arlín Ventura Jiménez, presidenta; Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, quienes en la pasada audiencia decidieron la fusión de los expedientes del exsenador Rafael Calderón y Natividad Martínez Capellán con el expediente matriz, al tiempo que rechazaron la solicitud de reposición de plazos presentada por las barras de las defensas.
En este proceso, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra 35 de los 40 imputados incluidos inicialmente en el expediente.
Además de Guerrero, entre los acusados que deberán responder ante el tribunal se encuentran el abogado Ángel Lockward; el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santandreu; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe; el director de Catastro, Claudio Silver Peña y el exdirector de Casinos, Julián Omar Fernández Figueroa.
También fueron enviados a juicio Princesa Alexandra García Medina, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes.
El Ministerio Público también explica que el alegado entramado habría sustraído recursos destinados al pago de deudas a distintos ministerios y desarrollado un esquema de sobornos relacionado con los juegos de azar sujetos a regulación del Ministerio de Hacienda.
En el proceso, presentó cargos contra personas físicas y varias empresas por delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
La investigación que dio origen al caso fue puesta en marcha el 18 de marzo de 2023, cuando las autoridades ejecutaron 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.
En el operativo participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, unos 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
