Manuel Jiménez
El problema no es únicamente que hayamos tenido que esperar el largo y accidentado trayecto de 26 años para aprobar un nuevo Código Penal.
Lo verdaderamente preocupante es que, después de tanto tiempo, seguimos asistiendo a una lamentable falta de consenso, coordinación y decisiones definitivas entre los poderes legislativo y ejecutivo.
Esta situación también revela debilidades en la vigilancia y fiscalización que deberían ejercer los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil sobre asuntos que, por sus implicaciones, ameritan su participación activa y responsable.
Durante un largo período, el proyecto permaneció en manos de una comisión bicameral que lo estudió, revisó y recibió propuestas. Se convocaron vistas públicas y, posteriormente, la iniciativa fue sometida a los plenos de ambas cámaras legislativas, donde resultó aprobada sin mayores reparos.
Luego pasó a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. De acuerdo con su antiguo titular, el doctor Antoliano Peralta, esa dependencia advirtió que algunos artículos establecían penas y tipificaban delitos que podían despertar la alarma de la población o, al menos, de sectores muy concretos de la sociedad.
El tiempo transcurrió y aquella comisión, cuya existencia incluso era desconocida por buena parte de la población, no reaccionó hasta que el código comenzó a provocar preocupación, precisamente cuando se acercaba la fecha de su aplicación. Fue entonces cuando las modificaciones llegaron al Congreso.
Ante esa realidad, uno tiene derecho a preguntarse: ¿era necesaria semejante solución? ¿Por qué las observaciones no se formularon cuando correspondía, devolviendo la pieza al Congreso antes de promulgarla? ¿Se temía a la presión de la opinión pública o se apostó a arreglar las cargas en el camino?
Las leyes no son experimentos. Tampoco puede serlo la tarea de legislar, debido a las profundas consecuencias que cada disposición aprobada y promulgada tiene para la sociedad, la convivencia ciudadana y la seguridad jurídica.
Probablemente, si se hubiese actuado como establece el “librito”, no estaríamos sometidos a una situación en la cual el propio presidente de República tuvo que intervenir y abrir un espacio de diálogo con comunicadores e influenciadores digitales para consensuar reformas que, a juzgar por las declaraciones de Antoliano Peralta, ya habían sido advertidas por el Poder Ejecutivo.
Pero el asunto no termina con las modificaciones introducidas. El Código Penal podría quedar expuesto a nuevas controversias. Será necesario examinar cuidadosamente qué aprobó finalmente el Congreso y qué promulgará el Ejecutivo para determinar si las instituciones, los abogados y los ciudadanos críticos quedan convencidos de que se trata de un instrumento adecuado para combatir la delincuencia y responder a las nuevas modalidades del delito.
De lo contrario, veremos llover recursos y acciones directas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
En ese sentido, resulta pertinente la advertencia de otro distinguido abogado, Rafael Díaz Filpo, exjuez del Tribunal Constitucional.
