La Redacción
Santo Domingo
El juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz Quezada, impuso presentación periódica y una garantía económica de RD$50,000 a la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, en respuesta a la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva contra la médica.
El abogado de la doctora, Jean Cristofer Pérez, cuestionó los argumentos de la acusación y afirmó que no existen pruebas que vinculen a su representada con los hechos investigados.
“El Ministerio Público estaba solicitando prisión preventiva frente a un caso donde no hay un solo elemento de prueba que vincula a la doctora Ylsa Quero con los hechos que se imputaron en principio”, expresó Pérez.
“De este mismo caso ya se presentó una acusación en la que no se menciona en ninguna página de esa acusación a la doctora Ylsa Quero”, sostuvo.
Pérez cuestionó, además, que la imputación contra su clienta se apoye en las declaraciones de otra persona procesada en el caso, quien habría afirmado que actuó por instrucciones de la médica.
El abogado también puso en duda el accionar del Ministerio Público al realizar la imputación de la solicitud de medida de coerción atribuida inicialmente a la psiquiatra y cuestionó que se le vincule a una acusación de violencia intrafamiliar.
“Según la imputación de la solicitud de medida de coerción, a ella se le está acusando de ser cómplice de violencia intrafamiliar, yo quiero que ustedes me expliquen si la doctora Ilza Quero es familiar de ese paciente, para poder hacer esta imputación, para que ustedes vean el nivel de trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Eso tiene que ser cuestionado”, expresó.
Médicos expresan apoyo
En las afueras de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, médicos y psiquiatras se reunieron para expresar su respaldo a Quero Cabrera, cuyo caso ha generado preocupación entre profesionales de la salud mental por las implicaciones que podría tener en la atención de pacientes que requieren internamiento.
Pérez aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la Procuraduría General de la República y cuestionó el uso de recursos del Estado en un proceso que, a su juicio, carece de fundamento.
«El Estado Dominicano invierte muchos recursos en los procesos judiciales de personas que sí lo necesitan. Entonces, movilizar el aparato del Estado para hacer un sometimiento sin ningún fundamento en contra de una comunidad médica, eso tiene que ser cuestionado», aseveró Pérez.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que hoy la comunidad médica tenga miedo de aplicar un protocolo de emergencia frente a un paciente que necesita una intervención, que fue lo que hizo la doctora Ylsa Quero”, afirmó.
La psiquiatra ha sido señalada por su presunta vinculación con el ingreso de un ingeniero a un centro de salud mental, luego de que este fuera trasladado contra su voluntad desde una empresa constructora en Alma Rosa II, Santo Domingo Este, según la investigación del Ministerio Público.
La acusación sostiene que la expareja del ingeniero, Nancy Estervina de Jesús, también imputada en el caso, habría declarado que realizó el ingreso por instrucciones de la doctora.
La defensa, por su parte, rechaza la imputación y sostiene que las actuaciones de la médica respondieron a un protocolo de atención.
