Matías Bosch
En un video de 1 minuto y 12 segundos, el presidente Luis Abinader dejó saldado el debate sobre el proyecto de la empresa minera Gold Quest en Romero, provincia de San Juan. El presidente dejó frenado el plan apelando a una idea: “Si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo”. Tal cláusula no está en ningún artículo específico de la Ley 64-00; más bien el presidente tuvo que interpretarla políticamente ante la contundencia de los hechos.
Esto es esencial, porque la voluntad política no llega sola ¿Por qué ante el evidente sufrimiento y el daño contra las personas, y su rechazo visible en tantos ámbitos de la vida social, no se interviene con voluntad política invocando los derechos que la Constitución y las leyes encargan al Estado garantizar? Tal es el caso de la Ley 87-01 y la dupla ARS- AFP.
Por otro lado, se convierten los fondos de pensiones en fondos de inversión para que grupos financieros sean los principales acreedores de la deuda estatal y apalanquen empresas de su preferencia, mientras las personas accederán a una pensión de miseria.
Con estas estas lógicas, las ARS y AFP han consumido más de 215 mil millones de pesos, prácticamente lo mismo que todas las exportaciones proyectadas de Gold Quest. Estos recursos se perdieron en manos particulares en lugar de haber financiado salud y seguridad social, en un país en que todos los días se conocen peticiones de ayuda para pagar tratamientos médicos o para que una persona mayor pueda comer.
“La vida vale más que el oro” ha sido la consigna en las últimas semanas, sabiendo que ante el abuso y el afán de riquezas no cabe pedir migajas ni piedad, sino exigir la primacía de la vida y la dignidad humana.
Sobre esa base es la movilización ciudadana la que dictamina una voluntad política, aunque nadie desde arriba haya imaginado ni querido consultar. Ya se sabe desde hace mucho: los derechos jamás se regalan, se conquistan. Se pudo con Gold Quest, se puede con Barrick, y se podrá con las ARS y las AFP.
