Luis García
Santo Domingo
El Gobierno solicitó hoy a la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejar sin efecto, por falta de objeto, el recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas contra el decreto que limitaba a dos años la renovación de la licencia de conducir a las personas de 65 años en adelante.
Tavárez dijo que convino con sus clientes continuar con la acción, dado que el decreto presidencial no responde al requerimiento principal, que es que se respete el derecho que tienen los envejecientes a no ser discriminados, tal como lo dispone el artículo 39 de la Constitución de la República.
Dicho artículo establece de manera expresa: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal…”.
Lamentó que el Gobierno obviara el mandato constitucional establecido en el citado artículo y que, al intentar subsanar la situación, emitiera un decreto para favorecer a unos y perjudicar a otros.
“El decreto emitido por el presidente Luis Abinader lo que hace es desplazar en diez años la discriminación, de 65 a 75 años, por lo que es incongruente con la sentencia TC/0050/20 del Tribunal Constitucional, que expulsó de nuestro ordenamiento jurídico el criterio de ‘presunción de ineptitud por la edad’”, declaró el abogado.
De igual manera, el jurista sostiene que la disposición presidencial reitera el exceso en el ejercicio de la atribución reglamentaria del Poder Ejecutivo, al imponer restricciones para la renovación de la licencia de conducir que no fueron establecidas en la Ley 63-17 de Tránsito, Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
Periodistas demandantes
El grupo de periodistas está compuesto por Héctor Minaya, José Antonio Torres, Christian Oviedo, Leo Corporán y Silvio Cabrera, de la redacción del periódico El Nacional, quienes apoderaron para tales fines al abogado constitucionalista Alberto Tavárez.
