La Redacción
Santo Domingo
La población penitenciaria de República Dominicana se redujo en 1,987 internos entre 2020 y 2026, lo que representa una disminución del 7.2 % en este período.
Durante el Tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), Roberto Santana, indicó que los centros pasaron de de 27,481 a 25,494 personas privadas de libertad, en los últimos seis años.
Mientras la institución destaca los avances en la reducción de la matrícula penitenciaria, la Defensa Pública advirtió que algunos centros penitenciarios registran niveles de hacinamiento entre un 700 % y un 800 %, situación que calificó de alarmante y que, según afirmó, imposibilita la rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad.
Roberto Santana destacó que la reducción de casi 2,000 presidiarios constituye uno de los principales resultados de la reforma penitenciaria y la atribuyó al trabajo coordinado de distintas instituciones del Estado.
El funcionario aseguró que República Dominicana registra una tendencia descendente, a diferencia de lo que, según afirmó, ocurre en la actualidad en la mayoría de países latinoamericanos.
«¿Cuál sistema penitenciario está bajando su población? Búsquenlo, que no lo van a encontrar. El único que está bajando es el de República Dominicana», expresó.
Santana informó que laPenitenciaría Nacional de La Victoria pasó de 7,828 internos en 2020 a 1,981 en 2026, equivalente a una reducción aproximada del 74.7 %.
Anunció que la meta es disminuir esa cantidad a menos de 1,000 privados de libertad antes de finalizar el año, como parte del proceso de cierre técnico del recinto.
Nueve cárceles en construcción
En materia de infraestructura, Santana informó que actualmente se construyen nueve centros penitenciarios de manera simultánea, una iniciativa que calificó como inédita en el país.
También destacó los avances de las instalaciones de Higüey y Barahona, así como los trabajos de rehabilitación en Salcedo y otras localidades.
En otro orden, Santana expresó preocupación por los retrasos en la terminación del centro penitenciario de San Juan, cuya ejecución ha enfrentado dificultades estructurales, presupuestarias y contractuales.
Santana solicitó acelerar los procedimientos pendientes para garantizar la conclusión de esa infraestructura y su puesta en funcionamiento.
Las autoridades explicaron, en medio de la actividad, que las dilaciones en esta obra se deben a fallas estructurales que debieron ser atendidas antes de avanzar en los trabajos constructivos.
Otros avances
Otro de los puntos centrales fue el fortalecimiento de los controles y fiscalización a destacamentos de la Policía Nacional, así como los trabajos de unos 180 abogados de la Defensa que, mediante sus actuaciones legales, ayudaron a que 5,000 internos recuperaran su libertad.
Santana insistió en que la transformación de las cárceles requiere el compromiso conjunto del Poder Ejecutivo, el sistema judicial, las instituciones de seguridad y la sociedad civil.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín, denunció que algunos centros penitenciarios de República Dominicana presentan niveles de hacinamiento de entre un 700 % y un 800 %.
El funcionario consideró alarmante la situación por las condiciones precarias en las que permanecen numerosas personas privadas de libertad y las consecuencias para sus derechos fundamentales.
Valentín advirtió que la sobrepoblación carcelaria impide garantizar condiciones adecuadas de higiene, salud física y mental, además de obstaculizar los procesos de rehabilitación y reinserción social.
«Tenemos centros carcelarios que tienen un 700 y un 800 % de hacinamiento y con estas cantidades de personas acumuladas en estos centros, de verdad que no puede haber reinserción de ninguna manera», expresó.
Valentín afirmó que las condiciones de reclusión de una parte importante de la población penitenciaria constituyen graves vulneraciones de derechos fundamentales, especialmente del principio de dignidad humana establecido en el artículo 38 de la Constitución dominicana.
Cuestionó que pueda garantizarse el respeto a ese principio cuando la capacidad limitada de las cárceles impide mantener condiciones sanitarias adecuadas y ofrecer atención a la salud mental.
