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Home Política

Fuerza del Pueblo solicita a la Pepca y a la Cámara de Cuentas investigar a Supérate

Por Redacción
17 de noviembre de 2026
en Política
Fuerza del Pueblo solicita a la Pepca y a la Cámara de Cuentas investigar a Supérate
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La Redacción

Santo Domingo

La Fuerza del Pueblo (FP) solicitó una auditoría especial al programa Supérate y pidió a la Pepca investigar posibles irregularidades en su gestión.

La organización política presentó ambas solicitudes este martes. La auditoría abarcaría las incorporaciones, los desembolsos y los controles del programa, mientras que la investigación penal se realizaría respetando el debido proceso y sin prejuzgar responsabilidades.

La solicitud fue presentada por el exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, acompañado de Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la FP y exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales, y de los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, estos últimos, exdirectores generales de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del del Programa Solidaridad, respectivamente.

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Cuestionamientos a las incorporaciones

Alburquerque denunció que, mediante la Resolución Administrativa 003-2022, del 12 de abril de 2022, la Dirección del programa Supérate dispuso unilateralmente incorporar 300 mil hogares al programa Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás, para un total de 700 mil incorporaciones que, según explicó, han generado al erario un costo anual de RD$8,196 millones.

“Y lo que es más grave. Esta Resolución contempla la inclusión de hogares que todavía no habían sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), disponiendo que su clasificación se realizara con posterioridad a su incorporación”, afirmó el dirigente político.

“¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar, y después evaluar”, expresó Alburquerque, quien cuestionó que se adoptara esa decisión cuando, según explicó, solo el Siuben estaba legalmente facultado para identificar y categorizar los hogares pobres del país. “¿Qué autoridad política autorizó estas inclusiones? ¿Cómo es posible que un funcionario viole impunemente la ley? Estas preguntas requieren respuestas documentadas”, agregó.

Señalamientos sobre el Bono Navideño

El exvicepresidente señaló que cuatro años después Supérate reincide en lo que considera una violación de las normas legales, mediante la Resolución 071-2026, del 21 de octubre de este año, sobre el Bono Navideño, que contempla identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas de depósito, marginando al SIUBEN de las funciones que le corresponden en la identificación y categorización de los hogares pobres.

Alburquerque indicó que entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por más de RD$19,000 millones, según las propias autoridades, mientras que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 propone otros RD$4,000 millones para ese programa, lo que representa más de RD$23,000 millones entre los bonos anunciados y la nueva asignación presupuestaria.

“¿Quién ha certificado que los destinatarios de esos hogares son pobres? ¿Dónde están las evaluaciones socioeconómicas del Siuben?”, preguntó Alburquerque, al insistir en la necesidad de esclarecer los procedimientos utilizados para seleccionar a los beneficiarios de esos recursos públicos.

El dirigente opositor recordó su experiencia en el sistema de protección social, cuya creación y desarrollo acompañó durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández.

Entre 2004 y 2012 se desempeñó como coordinador del Gabinete de Política Social, desde donde conoció el funcionamiento de los programas sociales y los mecanismos de selección de sus beneficiarios.

“Que quede absolutamente claro. No estamos en contra de los programas sociales ni de los subsidios destinados a proteger a las familias más vulnerables. Por el contrario, fuimos protagonistas de la creación del sistema de protección social durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, convencidos de que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes más lo necesitan”, manifestó.

Críticas al uso político de los subsidios

Alburquerque sostuvo que desde 2022 la Fuerza del Pueblo viene denunciando el uso indebido de los recursos públicos destinados a la protección social y advirtiendo que la expansión de los padrones de beneficiarios, la creciente asignación de recursos y la falta de transparencia estaban creando condiciones propicias para la utilización política de los programas sociales.

“Lo que denunciamos y rechazamos es el uso y abuso de los recursos públicos con fines clientelares y electorales. Los subsidios deben servir para combatir la pobreza, no para comprar voluntades ni convertir las necesidades del pueblo en instrumento de manipulación política. ¡Una cosa es proteger al pueblo y otra, muy distinta es pretender comprar su voto con el dinero del propio pueblo!”, expresó.

En sus declaraciones, el exvicepresidente acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a su gobierno de haber estafado a la opinión pública nacional y al pueblo dominicano.

“Estamos en presencia de un partido que llegó al gobierno sin un verdadero plan de gobierno, pero con un ambicioso plan de negocios. Un gobierno que cada necesidad del pueblo la convierte en un lucrativo negocio”, afirmó.

“Lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos: llegaron al gobierno para servirse del pueblo y no para servir al pueblo”, sostuvo Alburquerque, al cuestionar que los recursos destinados a la protección social puedan ser utilizados para favorecer intereses políticos y prácticas de clientelismo electoral.

“La pobreza no se combate abultando discrecionalmente los padrones. Hay que demostrar que las ayudas llegan a quienes cumplen con los requisitos establecidos en la norma legal. La bonocracia no puede sustituir la política de protección social”, advirtió el exvicepresidente.

Alburquerque sostuvo que los subsidios pertenecen a las familias que cumplen los criterios de elegibilidad y no a los funcionarios o dirigentes del partido en el Gobierno. “Las necesidades de la población no pueden convertirse en oportunidades para obtener beneficios particulares. El país está siendo engañado”, expresó.

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