Nassef Perdomo Cordero
Esta semana fuimos testigos de la lectura de otra página de horror en el sistema judicial dominicano. La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) dio a conocer el caso de un hombre que fue preso preventivo en Montecristi desde 2006 hasta este año sin que ningún juez remediara su situación.
Según la ONDP, en 2009, la defensa y el Ministerio Público solicitaron al juez apoderado que, dado el estado de salud mental del imputado, aplicara el procedimiento especial para inimputables. El juez lo negó y suspendió el conocimiento del proceso, aparentemente a la espera de que las excelentes condiciones de la cárcel en Montecristi le ayudaran a recuperarse. Después de eso, el imputado duró casi 17 años almacenado a la espera del milagro.
No voy a entrar en disquisiciones jurídicas porque son inútiles. Y lo son porque el problema es que, en casos como este, la cultura autoritaria se impone hasta convertir a la ley en papel mojado. Para muchos en este país, todo se resuelve trancando y, además, el preso no es gente. Es un mal que alcanza todos los ámbitos de la vida social y del propio sistema de justicia.
Estamos hablando de un daño irreparable, veinte años preso sin recibir ni justicia ni ayuda para la enfermedad mental que se sufre. Eso no conviene al imputado, no conviene a la sociedad, no conviene a las víctimas. Sólo conviene a quienes, aunque predican otra cosa, toleran esas arbitrariedades porque tienen la esperanza perversa de que un día les toque sufrirlas a sus adversarios.
Decía Gardel que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, y quizás tenga razón desde la ilusión de conquistar el tiempo perdido, pero como dijo Pablo Milanés, otro gigante de la música, ese es un vano afán. Esos veinte años no los devuelve nadie, como tampoco nadie sana los sufrimientos innecesarios que la visión autoritaria del Derecho Penal causa a las personas.
