La Redacción
Santo Domingo
La Mesa de Diálogo por el Autismo denunció este jueves que, a tres años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Estado dominicano mantiene pendientes aspectos esenciales para su aplicación, situación que, según la entidad, afecta a miles de familias en todo el país.
La organización sostuvo que, aunque la legislación fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 5 de junio de 2023 y posteriormente reglamentada mediante el decreto 403-24 en julio de 2024, aún no se han implementado medidas fundamentales para garantizar los derechos contemplados en la normativa.
Entre las principales deficiencias señaló la falta de una asignación presupuestaria específica, la ausencia de un registro nacional actualizado de personas con autismo y sus familias, la inexistencia de programas permanentes de formación de profesionales especializados y la carencia de una red nacional de servicios para atender a esta población.
La entidad indicó en un documento de prensa que las familias continúan enfrentando obstáculos para acceder a educación inclusiva, así como altos costos en diagnósticos, terapias, consultas médicas y otros servicios especializados.
Asimismo, recordó que en julio de 2025 el presidente Abinader expresó que se procurarían recursos dentro del Presupuesto General del Estado para iniciar la ejecución de la ley durante 2026, pero afirmó que aún no se conocen las partidas ni los programas concretos destinados a ese propósito.
La Mesa de Diálogo por el Autismo destacó que el programa Senasa Integra ha representado un avance para algunas familias, aunque señaló que su cobertura alcanza únicamente a 3,000 niños de hasta 10 años de edad, por lo que considera insuficiente esa iniciativa para cumplir con las disposiciones integrales de la legislación.
La organización recordó que la Ley 34-23 asigna responsabilidades a instituciones como el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), los ministerios de Salud Pública, Educación y Trabajo, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y organismos del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Además, contempla mecanismos de protección social, ampliación de coberturas de salud, inclusión educativa, formación de recursos humanos especializados, creación de registros nacionales y sanciones ante actos de discriminación.
La entidad también expresó preocupación por la ralentización en la apertura de nuevas sedes del CAID, centro que ofrece servicios especializados para personas con discapacidad y que, según afirmó, enfrenta una demanda superior a su capacidad de respuesta.
Otro de los desafíos señalados es la escasez de profesionales especializados. Como ejemplo, indicó que República Dominicana cuenta con apenas 19 psiquiatras infantiles para atender las necesidades de miles de niños y adolescentes.
Ante esta situación, la Mesa de Diálogo por el Autismo demandó al Gobierno que explique las razones por las que la ley no ha alcanzado niveles significativos de ejecución tres años después de su promulgación.
La organización también manifestó su esperanza de que la primera dama Raquel Arbaje, en su condición de presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes, contribuya a impulsar el seguimiento y la aplicación efectiva de la legislación.
«Detrás de cada artículo que permanece sin aplicación hay una familia que sigue esperando respuestas», expresó la entidad, al reiterar que la inclusión, la salud, la educación y la protección social de las personas con autismo no pueden depender exclusivamente de los esfuerzos económicos y emocionales de sus familias.
