Julio Cury
La pasada semana prometí este artículo, y para empezar debo recordar que el numeral 13 del art. 2 de la Ley núm. 311-14 obliga a presentar declaración jurada de patrimonio a los “administradores y gerentes de bancos estatales”. Asimismo, el numeral 20 le impone dicha carga a los “presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales”.
A partir de este último precepto, la sede constitucional entendió que los doce miembros con voz y voto del Consejo de directores del Banco de Reservas son “administradores”. En su evangelio, integran el órgano al que la Ley núm. 13-24 le atribuye funciones de dirección, administración, supervisión y control.
La Ley núm. 6133, vigente al momento en que la Ley núm. 311-14 se promulgó, denominaba al principal funcionario ejecutivo del Banco de Reservas como “administrador general”, y a los integrantes designados del Consejo, vocales. Cierto que el art. 21 de la Ley núm. 13-24, en vigor, les extendió a estos últimos y al personal a su servicio los “deberes fiduciarios propios de los administradores de entidades de intermediación financiera”.
Ahora bien, extender a los consejeros los deberes fiduciarios propios de los administradores presupone, al menos en el lenguaje de esa disposición, una distinción entre ambas categorías. De lo contrario, se les estarían extendiendo deberes que ya les serían inherentes, amén de que, si esa extensión bastara para convertir a sus destinatarios en administradores, también lo sería el personal al servicio del Consejo, y nadie con dos dedos de frente pudiera sostener semejante boutade.
A ello se suma que el párrafo de su art. 7 establece que al Banco de Reservas no le son aplicables, ni principal ni supletoriamente, las normas relativas al sector público, salvo las que así lo dispongan expresamente o las previstas en la propia ley, la cual, además de especial, es posterior a la Ley núm. 311-14. Siendo así, ¿puede mantenerse una restricción intensa de derechos fundamentales mediante una interpretación extensiva de una ley anterior que ni siquiera menciona a los consejeros del Banco de Reservas?
Como expresé en mi última entrega, la carta sustantiva reserva a la ley orgánica la regulación directa de los derechos fundamentales, por lo que la imaginación del intérprete, por bienintencionada que sea, es insuficiente. Tampoco cabe ver en el art. 23 de la Ley núm. 311-14 la previsión expresa que el art. 7 de aquella otra reclama sí o sí, pues se limita a hacer sus normas aplicables a quienes estén obligados a declarar cuando textos especiales regulen la forma o el plazo de presentación.
Efectivamente, la primera operación pertenece al juez, en tanto que la segunda, cuando modifica el universo de sujetos sometidos a una carga legal, se interna en el terreno legislativo. Después de darle varias vueltas al asunto, he entendido que es más sencillo de lo que aparenta. Por un lado, porque la Ley núm. 311-14, al ser fuente creadora de una injerencia directa en el derecho fundamental a la privacidad, debería ser orgánica, pero se tramitó y aprobó como ley ordinaria. Y por el otro, porque donde el legislador consignó “administradores”, no podemos leer “consejeros”, como equivocadamente lo hizo el colegiado constitucional en su TC/0855/26.
