Pedro Angel Martínez
En nuestro trabajo periodístico he aprendido, como enseñaron profesores en las aulas y maestros en el ejercicio, a oír a todas las voces, a tener equilibrio. Y que una palabra, frase, oración o párrafo puede contener solo una versión en desmedro de actores diversos de la sociedad, la economía, la política y los protagonistas de la historia.
El Servicio Nacional de Salud emitió una disposición que un amplio sector de la industria de la salud rechaza porque entiende que, entre otras cosas, afectará el equilibrio y el suministro de fármacos, entre otros puntos.
En principio, la ecuación era desigual: apenas el 10 por ciento del mercado era suplido por la industria nacional de medicamentos, hace más de 40 años. Más adelante, como es en la actualidad, las farmacéuticas nacionales se encargaron de suplir más del 60 por ciento de los fármacos que alivian las dolencias, evitan muertes e inyectan dinero al fisco y la economía nacional.
La decisión del SNS apunta en esta dirección: que el 80 por ciento de los medicamentos, insumos y materiales gastables que deben comprar los hospitales públicos, sean adquiridos en PROMESE-Cal y LABOQUIDOM, este último una empresa de medicamentos que compite con la industria farmacéutica nacional.
Los poderosos gremios empresariales farmacéuticos alzaron su válida voz de mercado. INFADOMI y ARAPF plantearon que la decisión de obligar a las compras dirigidas conlleva riesgos de desabastecimiento, retrasos de entregas y reducción de la competencia, así como la ventaja que supone para LABOQUIDOM como laboratorio estatal frente a laboratorios privados.
La controversia no enfrenta simplemente al Gobierno con la industria farmacéutica, sino que plantea una decisión de política pública que debe equilibrar ahorro, abastecimiento, calidad, competencia y sostenibilidad productiva.
PROMESE/CAL puede desempeñar una función importante en la negociación de precios y la organización del suministro y LABOQUIDOM también puede convertirse en un instrumento de producción pública o mixta.
Pero ninguna de esas funciones justifica una concentración automática de la demanda sin información suficiente sobre capacidad, permisos, catálogo, precios y cumplimiento. Y, además, servir de competencia desleal a un sector privado pujante y que ha dado la cara por la salud de los pacientes, por años.
La pregunta que el Gobierno debe responder es si puede demostrar, antes de aplicar plenamente la medida, que PROMESE/CAL y LABOQUIDOM disponen de los productos, la capacidad logística y las autorizaciones necesarias para atender la diversidad de necesidades hospitalarias.
Si esa evidencia existe y se establecen excepciones eficaces, la centralización podría mejorar el uso de los recursos públicos.
Si la evidencia no existe, la medida puede producir un resultado contrario al anunciado: menos proveedores, menor capacidad de respuesta, debilitamiento de la industria instalada y mayores riesgos para la continuidad de los tratamientos.
Es sólo prestar atención a la medida del SNS. Hay que oír todas las campañas.
