POR ALBERTO QUEZADA
El paquete de medidas de austeridad anunciado por el gobierno de Luis Abinader llega en un contexto internacional tenso, marcado por la crisis entre Estados Unidos e Irán, cuyos efectos ya se sienten en los precios de la energía y, por extensión, en toda la economía dominicana.
Las medidas incluyen la reducción del gasto público no esencial, la congelación de nuevas contrataciones, la limitación de viáticos, viajes y uso de vehículos oficiales, la revisión de subsidios y un mayor control del gasto. A esto se suma un elemento de alto impacto simbólico: el recorte del 50% a los fondos destinados a los partidos políticos.
En términos políticos, ese recorte es el gesto más visible del paquete. En términos fiscales, su impacto es limitado. Pero su valor comunicacional es evidente: intenta transmitir que el ajuste también alcanza al sistema político.
Sin embargo, la pregunta de fondo no es qué se recorta, sino cómo se distribuye el sacrificio.
Porque mientras el gobierno insiste en la necesidad de disciplina fiscal, persisten dudas sobre si el esfuerzo es realmente proporcional en todos los niveles del Estado.
La austeridad, tal como ha sido presentada, parece concentrarse en ajustes administrativos y operativos, mientras deja menos claridad sobre reformas estructurales más profundas.
Esa percepción es clave. En un país donde el costo de la vida ya está presionado por factores externos, cualquier señal de desigualdad en la carga del ajuste puede erosionar rápidamente la legitimidad de las medidas.
El autor es periodista.
