Manuel Campo Vidal
¿Cuántos cientos de miles de hectáreas más deben quemarse tristemente antes de que recapaciten los que niegan el cambio climático? No hay abuelita en cualquier pueblo que no sepa explicar con sus palabras, por experiencia propia, esa transformación. ¿Y cuántos meses más deberemos sufrir incendios devastadores antes de que los partidos políticos firmen un Pacto de Estado para revitalizar la España rural despoblada; un resurgimiento que tanto necesita la España urbana para sobrevivir dignamente con oxígeno renovado y con alimentos?
Un bombero forestal, exhausto, de entre los miles que se juegan la vida cada verano por mil doscientos euros al mes, lo explicaba gráficamente: “Mi abuelo fue pastor y mi padre agricultor. Yo apago los incendios en aquellos prados y bosques donde ellos trabajaban”. Ese es el ciclo completo de la tragedia. Con los rebaños -“la oveja bombera”, se le llama popularmente- desaparecían los matojos que ahora son el combustible de la bomba incendiaria.
Con los prados cultivados, los incendios quedaban acotados y era más difícil su propagación. Con el dineral que cuesta apagar un fuego y el destrozo económico que produce, además del medioambiental, se podría promover una política muy eficaz de prevención. No se hace porque nada lo exige legalmente; la razón, y las pláticas de los expertos, no bastan. Un Pacto de Estado por el mundo rural lo impondría,
Es una responsabilidad política general, y no solo partidaria, llegar a esos acuerdos con urgencia. La historia demuestra que la política sobre el mundo rural siempre se hizo desde las ciudades y los diputados y senadores de las provincias más agrícolas y boscosas poco influyen. La Proposición No de Ley por el Reequilibrio Territorial de España, planteada en su día en el Congreso por el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, no salió adelante. Si entonces tenía sentido, hoy, con el agravamiento de las condiciones meteorológicas, se hace imprescindible. La política general polarizada, el cortoplacismo, y la miopía, que de todo hay, no debe impedirlo.
Un Pacto de Estado por el mundo rural que incluya un capítulo muy potente de prevención de incendios, con políticas eficaces y presupuesto adecuado, solo llegará si el mundo rural lo exige. Es decir: si a los diputados y senadores de Huesca, Ourense, Teruel, Soria, Zamora, Soria, Segovia, Toledo, Lleida, León, Lugo, Cuenca, Castellon, Jaén, Almería y tantas otras provincias de fuerte componente rural no le exige su electorado que apoyen ese acuerdo general, sean del partido que sean. No llegará si en los ayuntamientos, todos, pero especialmente los “quemados” y los que tengan mayor riesgo de incendio, no se aprueban “mociones instando a un Pacto de Estado por el mundo rural”.
La movilización institucional de base es imprescindible para desatascar las ruedas del vehículo legislativo reclamado. Como dice Guitarte, “la despoblación es la llama de los incendios”.
A los parlamentarios y a los dirigentes de los partidos no les conmueve que hasta el Papa León XIV en la tribuna del Congreso los llamara a la concordia y a la colaboración; ni que el rey Felipe VI desde los mismos pueblos afectados por los incendios exhorte constantemente a la unidad. Se aplaude al Papa, se elogia al monarca, no siempre, y sigue el empecinamiento de los partidos. Pero al candidato a diputado, o a senador, por cualquiera de las provincias afectadas, le inquietaría que docenas de ayuntamientos de su demarcación le pidieran posicionarse en ese pacto. La España rural lo necesita. A ver quien se niega.
