Matías Bosch
No hay casi nadie que al ir a un centro médico o una farmacia no le hayan dicho “no le cubre”. Tampoco hay nadie que, directa o indirectamente, no conozca a personas que estén recolectando dinero para un tratamiento médico de vida o muerte. Y no hay nadie que no haya visto titulares sobre “el colapso de los hospitales públicos”.
¿Por qué pasa esto, si existe un “Seguro Familiar de Salud” (SFS) que, según la Ley 87-01, artículo 118, “tiene por finalidad la protección integral de la salud física y mental del afiliado y su familia, así como alcanzar una cobertura universal sin exclusiones”?
¿Por qué tanto sufrimiento y deterioro si bajo esta figura ya prácticamente se cumplió la promesa de cobertura total de la población, con 10,359,222 afiliados a enero 2026, de los cuales 5,655,485 están en el Régimen Subsidiado?
Una clave está en su economía política, es decir, a quién sirven las normas e instituciones; quiénes ganan y quiénes pierden. Para esto, es útil seguir “la ruta del dinero”.
De 2010 a 2024, el 80.5 % de los recursos del Seguro Familiar de Salud fueron a la industria privada de servicios de salud, y apenas un 19.5 % a prestadores públicos, sea a través de las ARS privadas como de Senasa, y tanto en el Régimen Contributivo como en el Subsidiado, que se financia desde el presupuesto del Estado.
En montos, a los prestadores privados se les transfirió la descomunal cifra de RD$361,472 millones a través de las ARS privadas; RD$162,386 millones vía Senasa Contributivo; y RD$73,801 millones vía Senasa Subsidiado.
Esto tiene su correlato en los contratos: para 2024, Senasa había contratado 14 veces más prestadores privados que públicos, y las ARS privadas habían contratado 16 veces más prestadores privados que públicos. Las ARS privadas, además, han logrado retener aún al 31.5 % de los empleados públicos, que deberían estar afiliados y aportar en Senasa.
Además, gracias a este entramado de flujos, a negar (glosar) pagos y con la tiranía del “no le cubre”, las ARS privadas han logrado apropiarse un total de RD$87,650.3 millones, al sumar sus ganancias y gastos internos. En base al presupuesto del Estado para 2025, ese monto equivaldría a 5 veces Promese/CAL, 11.5 veces el Programa de Medicamentos de Alto Costo, y 40 veces el Programa por Resultados en Salud Materna y Neonatal.
Así no hay forma de que la red pública funcione, que la gente no tenga que acudir a la caridad para una enfermedad, que se proteja a las personas y a la familia, ni se puede esperar que el seguro cubra. Todo lo demás es fantasía y buscar chivos expiatorios.
El SFS no es seguro ni es familiar ni es de salud; tampoco es protección integral, universal y sin exclusiones. Sí es, claramente, un dispositivo jurídico-financiero creado por ley que ha permitido crear un mercado inmenso, absorber recursos del Estado con Senasa como chequera abierta, precarizar los servicios públicos, y manejar el derecho a la salud como un seguro de carros en manos de intermediarios financieros, incluso violando la ley si hace falta.
