Yanessi Espinal
Las denuncias sobre el uso y abuso de los recursos públicos a favor del partido de gobierno no son nuevas. Antes el dolor de cabeza era del PRD ahora PRM, pero el asunto cambió y ahora se quejan de esa práctica dirigentes que gobernaron por 20 años.
De hecho, producto de esa práctica que genera inequidad en la competencia electoral, en la ley de Partidos Políticos y la Legislación del Régimen Electoral, se han tomado medidas. Una de las iniciativas de mayor impacto, por ejemplo, es que no se pueden inaugurar obras un mes y medio antes de las votaciones; se prohíbe la ampliación de los programas sociales y nombrar personal en la administración pública.
A pesar de todo eso, la oposición, en las elecciones de 2024, denunció que el PRM las compró. Según esa óptica, el mercado de compra y venta se evidenció en la gran cantidad de alcaldes, regidores y directores de distritos y sus vocales que pasaron a las filas del partido oficial. En algunos casos, la oposición ha dicho que algunos de esos dirigentes o sus familiares resultaron beneficiados con las cuestionadas pensiones solidarias. De hecho, la oposición presentó a la JCE una denuncia de la supuesta compra de sus alcaldes y otros dirigentes por parte del PRM. Esa denuncia no tuvo respuesta, al menos no en tiempo oportuno, porque para la JCE actuar ante esas denuncias. Decirlo es fácil y gracioso, lo difícil es llevarlo a cabo y, sobre todo, probarlo, aunque esté a la vista de todos.
La JCE ha dado un paso al frente. Prohibir la publicación de “encuestas” fuera del periodo legal de la precampaña y la campaña electoral. Es una decisión valiente de la JCE.
Las “encuestas” se han convertido en un vulgar mecanismo de propaganda política, al que solo tienen acceso quienes disponen de grandes sumas de dinero.
Si la propaganda política como colocar vallas, promoción de candidaturas y precandidaturas está prohibida por la ley, es justo que se limite la publicación de “encuestas” cuya única finalidad es la propaganda.
