Manuel Jiménez
La política migratoria dominicana, especialmente frente a Haití, ha descansado principalmente en la vigilancia fronteriza y los operativos de repatriación.
Cada agravamiento de la crisis del vecino país vuelve a colocar en primer plano el despliegue militar y el control de los pasos fronterizos.
Son responsabilidades del Estado, pero su eficacia también depende de cómo viven los dominicanos en esas comunidades y de las oportunidades que encuentran para permanecer en ellas.
Detrás de aquellas cifras había una preocupación: cómo conseguir que los habitantes de la frontera, especialmente los jóvenes, pudieran construir su futuro sin abandonar sus pueblos.
Ese sigue siendo un propósito fundamental. Cuando una familia se marcha porque no encuentra trabajo, atención médica o educación adecuada, la comunidad pierde capacidad productiva.
La Ley 28-01 abrió un camino para atraer empresas mediante incentivos fiscales, y la Ley 12-21 dio continuidad a ese esfuerzo. Sería injusto desconocer sus resultados. El informe oficial de ejecución correspondiente a 2025 reportó 19,659 empleos y una inversión acumulada superior a los 190,000 millones de pesos en el régimen fronterizo.
Son cifras importantes, aunque debemos conocer cuánto de esa inversión está ejecutado, cómo se distribuye y qué beneficios concretos recibe cada comunidad.
La distribución territorial sigue siendo una cuestión central. En febrero de 2024, el propio director del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo reconocía que más del 70 % de las empresas se encontraba en Montecristi y Santiago Rodríguez.
También identificaba dificultades de acceso, servicios básicos, conectividad y disponibilidad de trabajadores calificados. El problema, por tanto, exige mucho más que conceder exenciones.
Un empresario necesita carreteras para transportar mercancías, electricidad estable, agua e internet confiable. Sus empleados necesitan centros de salud, escuelas y formación técnica.
Si esas condiciones faltan, el incentivo pierde fuerza frente al costo de instalarse y producir. Por eso, la inversión pública debe acompañar a la privada con prioridades definidas para cada provincia y compromisos que puedan comprobarse.
El desarrollo turístico de Pedernales, por ejemplo, representa una oportunidad que debemos aprovechar para extender sus beneficios hacia las comunidades. Hace falta preparar a los jóvenes para los empleos que surjan, facilitar que los productores vendan sus alimentos y permitir que los pequeños negocios participen. El crecimiento tendrá mayor valor si mejora los ingresos de quienes viven allí.
Una política migratoria integral también requiere ordenar la contratación de trabajadores extranjeros, fiscalizar a los empleadores y combatir las redes que facilitan el tráfico de personas.
Al mismo tiempo, debe conectar la seguridad con el empleo, la producción y los servicios públicos, mediante una planificación sostenida y resultados visibles.
Podemos reforzar la vigilancia cuantas veces sea necesario, pero la protección de nuestro territorio será más sólida cuando los dominicanos encuentren razones para permanecer en la frontera. Allí debe llegar el crecimiento que tanto proclamamos, con oportunidades que se sientan en la vida diaria de la gente.
