Manuel Jiménez
El dominicano que llena el tanque, compra alimentos o paga el transporte está sintiendo las consecuencias de conflictos que ocurren a miles de kilómetros. Las guerras pueden parecer lejanas en el mapa, pero sus efectos encuentran rápidamente el camino hacia el presupuesto familiar.
Para una economía importadora de petróleo y combustibles como la nuestra, la incertidumbre internacional exige prudencia. Cuando suben los costos de la energía, aparecen presiones sobre el transporte, la producción y los precios. El Gobierno debe decidir cuánto absorbe el presupuesto y cuánto termina pagando el ciudadano. Ninguna de esas opciones sale gratis.
Pero el problema mundial desborda las estaciones de combustible. Al encarecimiento de la vida se suman el deterioro de la seguridad, la expansión del narcotráfico y la desconfianza hacia instituciones que parecen responder con menos velocidad que las organizaciones criminales.
Guatemala acaba de sufrir el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa. En Perú, la presidenta Keiko Fujimori anunció un comando unificado de militares y policías contra la delincuencia.
Ecuador continúa enfrentando altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado. Son realidades distintas, pero muestran una dificultad común: preservar la autoridad del Estado frente a estructuras que acumulan dinero, armas y capacidad de intimidación.
República Dominicana debe observar ese escenario sin alarmismo, pero también sin complacencia. La estabilidad necesita instituciones capaces de anticiparse, investigar y sancionar. El narcotráfico encuentra oportunidades donde fallan los controles y prospera cuando consigue protección o indiferencia.
En el frente económico, la presión ya tiene una dimensión considerable. El presidente Luis Abinader proyectó para 2026 unos RD$100,000 millones de subsidio eléctrico y RD$40,000 millones para combustibles. Son RD$140,000 millones destinados a amortiguar costos que, trasladados íntegramente a consumidores y empresas, producirían mayores dificultades.
Conviene precisar algo: esa suma corresponde a electricidad y combustibles; no equivale exclusivamente a ayudas focalizadas para familias pobres. Tampoco el aumento de subsidios demuestra, por sí solo, que las cifras de pobreza sean falsas. Una transferencia puede evitar precisamente que un hogar caiga en ella. La discusión seria exige conocer beneficiarios, resultados y costos.
Eso no libera al Gobierno de explicar cómo sostendrá esas obligaciones.
