Altagracia Suriel
De tiempo en tiempo surgen críticas a los programas sociales que muestran incomprensión sobre su naturaleza y el impacto que tienen para la economía y el bienestar de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Los programas de transferencias a los más pobres concretan el derecho a la protección y son expresión de la justicia social, de la solidaridad y la responsabilidad del Estado con los que menos tienen.
Muy pocas veces se critican las exenciones fiscales, los incentivos empresariales para inversión, pero sí las ayudas sociales a los hogares en situación de pobreza. Esas críticas, además de desconocimiento, pueden estar relacionadas con la aporofobia, que es el término que se aplica para el odio o el desprecio a los más pobres.
Activan la economía local
Generan capital humano y social al romper círculos de pobreza intergeneracional, porque apuestan por mejor salud y educación para los niños y niñas. Inciden en el incremento de la escolaridad y reducen la deserción escolar. Impactan en la disminución de la mortalidad materno infantil. Mejoran la empleabilidad y la inclusión productiva de los participantes.
Por ejemplo, pese a que los montos de las transferencias destinadas a los hogares en situación de pobreza han estado por debajo del promedio de la región, sin los programas Solidaridad y Progresando con Solidaridad, según estudios del BID, la pobreza hubiese sido 6 % mayor en los años de su implementación. Similares cifras aplican para el Programa Supérate. De acuerdo con el Ministerio de Planificación y Desarrollo, sin este programa, en los últimos años la pobreza sería 3 puntos porcentuales más alta.
Hay que seguir apostando por lo bueno y lo que funciona en este país y fortalecerlo. Las ayudas sociales aportan a la igualdad a la que todos aspiramos.
